El Gobierno impulsará medidas complementarias a la investigación de la Fiscalía sobre los casos de pederastia en la Iglesia
El Ejecutivo las anunciará después de que el presidente se reúna con las víctimas a finales de esta semana
Víctimas y compañeros de los abusos sexuales cometidos en La Bañeza se manifiestan frete al Obispado de Astorga / Radio León
Madrid
Los movimientos de la Fiscalía General del Estado, que ha decidido impulsar la investigación de los casos de pederastia en el seno de la Iglesia, no impedirán que el Gobierno impulse sus propias medidas para esclarecer los hechos, reparar el dolor de las víctimas y evitar que vuelvan a sucederse. El Ejecutivo está estudiando “la mejor fórmula” para que España siga los pasos de otros países como Portugal o Francia que ya han iniciado ese proceso y lo va a hacer en paralelo a las actuaciones del Ministerio Fiscal “en el ámbito de su autonomía y sus competencias”.
Este martes, la Mesa del Congreso va a dar trámite a la Comisión de investigación parlamentaria registrada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu. Los servicios jurídicos de la Cámara no ven inconveniente legal para que el Parlamento indague sobre lo sucedido y el PSOE no va a vetar el debate de la iniciativa. Aunque los socialistas todavía no se pronuncian sobre si apoyarán o no la creación de esa Comisión cuando llegue al Pleno para su votación definitiva. Ciudadanos votará a favor, PP y VOX ya han anunciado su oposición.
En La Moncloa y en Ferraz están valorando las distintas opciones pero confirman su voluntad de dar respuesta al llamamiento de las víctimas. Fuentes socialistas aseguran a la SER que sobre la mesa está la opción de que sea, como propone el PNV, un grupo de expertos independientes el que aborde la situación, redacte un informe que sea elevado a las Cortes. No descartan tampoco la posibilidad de apoyar una comisión parlamentaria pero garantizando que ese quede alejado de los habituales ‘rifirrafes’ y del espectáculo político.
El Gobierno trabaja en esa tarea aunque antes de tomar una decisión las fuentes consultadas creen que el presidente del Gobierno debe escuchar a las víctimas. Por eso, esperarán a que Pedro Sánchez se reúna con las víctimas, como Alejandro Palomas, a finales de esta semana. El jefe del Ejecutivo se comprometió a tener ese encuentro en una conversación telefónica con el escritor cuyo caso conoció gracias a su entrevista en Hora 25 y Hoy por Hoy.
Los socialistas no tendrán que posicionarse antes de esa reunión porque aunque la iniciativa de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu llegará a la Mesa de la Cámara este martes, el Pleno que tiene que tomar la decisión definitiva sobre su creación, no se reunirá hasta la tercera semana del mes de febrero, tras las elecciones en Castilla y León. Ese es el calendario que maneja el PSOE, cuyo voto es indispensable para que las iniciativas prosperen.
Obligaciones ante las comisiones parlamentarias
El debate sobre qué foro sería el más adecuado para abordar los casos de abusos sexuales no es menor. El PSOE y el PNV creen que en las comisiones de investigación parlamentarias no se dan las condiciones de intimidad que necesitan las víctimas. Sin embargo, este espacio político cuenta con algunas ventajas teniendo en cuenta la nula voluntad de la Iglesia a colaborar. La Ley obliga a todos los ciudadanos que sean requeridos a comparecer ante las comisiones de investigación del Congreso y Senado. No cumplir con ello supone cometer un delito de desobediencia.
Pero además, los llamados a comparecer a una comisión de investigación parlamentaria, también tienen la obligación de decir la verdad. De lo contrario, se enfrentan a multas o, en el peor de los casos, penas de prisión. Los diputados o senadores que la conformen, también pueden reclamar a las instituciones relacionadas con el objeto a investigar, los datos e información que necesiten para poder elaborar sus conclusiones.
Las recomendaciones de la Fiscalía en 2019
En el PSOE aseguran que están estudiando las iniciativas similares de carácter institucional llevadas a cabo en otros países. En el año 2019 la Fiscalía General del Estado envió un informe al Ministerio de Justicia en el que reconocía la importancia de poner en marcha mecanismos para detectar los casos ocurridos en el pasado para establecer mecanismos de prevención. Como ejemplo, se ponía “la Real Comisión” creada en 2012 en Australia, la “Comisión Deetman” en Holanda o la Comisión de investigación dependiente de la Conferencia Episcopal en Austria.
En todos esos casos, apuntaba el Ministerio público, son actuaciones que para cumplir sus objetivos requieren de la colaboración y actuación coordinada de diversas entidades, instituciones y administraciones implicadas en la materia. El problema en España es que la cúpula de la Iglesia se niega a realizar una investigación histórica y en profundidad de los abusos ocurridos en el pasado. La Fiscalía General del Estado se propuso entonces para iniciar contactos con las instituciones y entidades implicadas para establecer cauces de comunicación y colaboración que permitieran profundizar en esa línea.
