El CATE de Arrecife podrá abrir sin permiso municipal
El Consejo de Ministros lo ha incluido en su Plan de Actuación en Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Seguridad
Una de las casetas del Centro de Acogida Temporal de Emigrantes de Arrecife, en Lanzarote. / Cadena SER
Arrecife
El Centro de Acogida Temporal de Emigrantes (CATE) instalado tras la comisaría de la Policía Nacional de Arrecife, podrá abrir sus puertas y comenzar a funcionar por interés general y sin necesidad de contar con licencia municipal, ya que el Consejo de Ministros celebrado este martes lo ha incluido en su plan de obras de construcción, reforma, mejora, ampliación o rehabilitación de las infraestructuras, instalaciones y equipamientos del Ministerio del Interior cuya ejecución está prevista durante el ejercicio de 2022.
El Ayuntamiento de Arrecife ha mostrado, en reiteradas ocasiones, su oposición a la puesta en marcha de esta infraestructura al considerar que Interior no había culminado el procedimiento correspondiente y no había presentado la documentación requerida por el consistorio en tiempo y forma. De hecho y según anunció la alcaldesa Ástrid Pérez, se ha reanudado el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística al entender que las 20 casetas, baños químicos y demás que se habían instalado debían retirarse.
Sin embargo, el acuerdo del Consejo de Ministros permite poner en marcha más de 120 proyectos que impulsarán a lo largo del año la Secretaría de Estado de Seguridad, las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y el organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) y entre los que se encuentra el propio CATE.
Las actuaciones que incluye tendrán la consideración de obras de interés general conforme a la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, y con los efectos previstos en la legislación vigente.
Al amparo de la citada la disposición, la declaración de interés general de este tipo de actuaciones permitirá que, en el plazo de un mes después de la mera comunicación del proyecto a la administración urbanística competente, puedan iniciarse las obras sin que se precise la concesión de licencia municipal alguna.
La Administración General del Estado es competente en la redacción del proyecto y la ejecución de las obras correspondientes, así como en su reforma, rehabilitación o modificación, de conformidad con el artículo 149.1.24ª de la Constitución Española.
Los más de 120 proyectos que se pondrán en marcha en 2022 están incluidos en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, aprobado por el Gobierno en enero de 2019, que prevé que se inviertan cerca de 600 millones de euros para la reforma o construcción de comisarías de la Policía Nacional, cuarteles de la Guardia Civil, centros penitenciarios y centros de internamiento de extranjeros, entre otras infraestructuras dependientes del Ministerio del Interior.
