Rebelión de investigadores contra la reforma de la Ley de la Ciencia

Madrid

"Tenemos una gran oportunidad en convertir a España en un país puntero en Ciencia e Innovación que dé a las nuevas generaciones un mucho mejor futuro y una mejor eficiencia en su tejido productivo". Así de optimista se mostraba el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, hace un par de semanas en una rueda de prensa tras dar el primer paso para la reforma de la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Aunque aún es un borrador que no ha pasado si quiera por el Consejo de Ministros, ha levantado ampollas entre sindicatos y asociaciones del sector que denuncian que se trata de "una ley hecha para la ciencia, pero sin contar con las verdaderas reclamaciones de los investigadores".

La propuesta lanzada por el Gobierno tiene tres principales objetivos. El primero, conseguir una carrera científica "atractiva, predecible y estable" que permita atraer y mantener el talento científico. Es decir, acabar con la temporalidad y precariedad de los investigadores en España con la creación de un modelo de contratación denominado "Tenure Track". Como segundo objetivo, impulsar la transferencia de conocimiento al mercado y la sociedad -es decir, hacer más eficiente cómo llega el conocimiento al ciudadano-, y mejorar la coordinación entre comunidades autónomas y el Estado en relación con la gestión de la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).

¿En qué consiste el Tenure Track?

Se trata de un modelo de contratación que se usa en países como Estados Unidos, Alemania, Suiza o Italia y que permite hacer contratos fijos a aquellos investigadores posdoctorales que hayan finalizado su tesis. Sin embargo, y por como está redactado el anteproyecto, deberán de pasar dos evaluaciones, uno de la entidad donde trabajan y otro de un organismo independiente. Sin embargo, aun aprobando esos dos exámenes, no es garantía alguna de conseguir ese puesto fijo aún con un largo bagaje profesional. La última decisión la tiene el organismo contratante.

"Se trata de un falso Tenure Track", explica Manuel Heras, de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI Precarios) que reconoce que esta figura está funcionando en otros países europeos por como está planteada. "No sabemos quién podrá acceder a él -si investigadores posdoctorales con mucha o poca trayectoria profesional-, tampoco qué objetivos se van a pedir en ese periodo de prueba conducente a la estabilización y tercero, no hay una obligatoriedad de estabilizar a la persona que ha pasado esa evaluación positiva doble", tres requisitos que debería de satisfacer una autentica figura "Tenure Track" y que hace aún más complejo conseguir la estabilidad laboral, según Heras.

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Esta modalidad de contratación supone, por otro lado, "la extinción" de una figura: la del funcionario Científico Titular, según denuncia CCOO-CSIC. Es decir, "con esta ley se sustituirán puestos de funcionarios por plazas de personal fijo". Lo que significa que "aquellos que consigan el Tenure Track, se quedarán con una figura que no tiene derechos a incentivos de productividad como sexenios y quinquenios. Lo que puede significar hasta el 40% del salario de los investigadores", explica Fuencisla Matesanz, de esta entidad. Esta investigadora del CSIC sabe bien la complejidad que ya de por sí es estabilizarse: a sus 54 años, lleva 25 encadenando contratos temporales y dos como Científica Titular e indefinida.

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"La carrera investigadora siempre es un embudo: faltan plazas"

La carrera de un investigador es larga: comienza con la elaboración de la tesis donde durante un máximo de cuatro años, el profesional estará ganando un sueldo mileurista. Después, el investigador posdoctoral tiene la posibilidad de desarrollar su labor en universidades u Organismos Públicos de Investigación (OPIs) encadenando contratos de Juan de la Cierva (durante 5 años). Y si todo saliese bien, después de ello, el investigador ya puede acceder a los conocidos como contratos Ramón y Cajal (durante 5 años). Una vez terminada esta etapa, deberá de superar la evaluación denominada "l3" para conseguir el deseoso contrato indefinido y el título de Científico Titular -que ahora se plantea suprimir-. "En el mejor de los casos, hablamos de 14 años de contratos temporales y hay gente que no puede estar esos 14 años por lo que o abandona la ciencia o salta a la carrera docente o se va de España", declara Heras.

"Existe una clara falta de financiación", afirma María Alonso, investigadora del CSIC y miembro de Marea Roja de la Investigación aludiendo a la ausencia de nuevas plazas públicas "que sigue sin solucionar el cuello de botella que existe en la investigación para acceder a un puesto estable". "La oferta de los Tenure Track está condicionada a cada oferta pública y no aparece ninguna previsión en el anteproyecto de aumentar o asegurar que una parte de los fondos va a ir destinado a eso", añade.

"Con el contrato Ramón y Cajal, ha habido una oferta en estos dos últimos años de 200 plazas por año para alrededor de 2.000 solicitudes del CSIC, universidades y otros centros de investigación", manifiesta Matesanz, de CCOO-CSIC. "Por lo tanto el 90% de los doctores que solicitan esta plaza no obtienen este tipo de contrato y probablemente estemos en las mismas proporciones con el Tenure Track", concluye.

"Deberían de dar más facilidades para desarrollar tecnología, y no solo para venderla"

Otra de las metas del Ministerio de Ciencia e Innovación es impulsar la transferencia de conocimiento, es decir, en el cómo llegan los conocimientos y la innovación a la sociedad, ya que España está a la cabeza de publicaciones científicas de excelencia en muchos campos, pero hay poca capacidad de que llegue finalmente al ciudadano.

Para revertir esta situación, Duque mencionó la mejora en los incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad y al mercado, se facilitará la generación directa de sociedades start up, surgidas a partir de una investigación y se orientarán las Oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el mercado. Es decir, medidas enfocadas a mejorar el tejido productivo. "En España, no consigues fácilmente empresas que puedan desarrollar electrónica desde cero, sino que esperan que les lleves el prototipo del producto, como un ecógrafo, por ejemplo, ya prácticamente terminado", manifiesta Jorge Camacho, del CCOO-CSIC y trabaja en el desarrollo de tecnología de ultrasonidos.

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"La política de transferencia no se puede basar solo en la creación de start up por parte de los investigadores, en la flexibilidad horaria para poder hacerlo o en cómo llevar este producto al mercado, te falta un paso intermedio importante que es el desarrollo en condiciones de esa tecnología que podría hacerse perfectamente en entidades públicas", explica.

Para ello, propone fomentar puestos como el de tecnólogo o técnicos que "olvida" este anteproyecto de ley propuesto. "Antes de crear una start up y producir el producto, tenemos que consolidar un equipo de trabajo durante años para desarrollar la tecnología (hardware, software, etc) y no que nuestro personal concatene contratos temporales porque los acaba perdiendo".

Lo que olvida la Ley de la Ciencia

A pesar de que el Gobierno ya ha establecido un primer contacto con la FJI Precarios y se reunirán "pronto" para abordar esta reforma, la asociación junto con CCOO se queja de que no han sido consultados para elaborar este anteproyecto de ley. Por este motivo, Marea Roja de Investigadores ha convocado para el próximo jueves 15 de abril concentraciones en varios puntos de España como Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, Oviedo o Santiago de Compostela.

"Se trata de una ley insuficiente e inadecuada", dice Manuel Heras, de FJI Precarios, entre otros motivos porque la modificación del texto no tiene en cuenta otras reclamaciones del personal investigador como la mejora en las condiciones de los técnicos de laboratorio, de los investigadores hospitalarios o de los investigadores predoctorales.

Estos últimos llevan años exigiendo una indemnización por fin de contrato tras sus cuatro años de tesis. "Nos sentimos trabajadores de segunda o incluso de tercera y que tenemos constantemente que ir rogando unas condiciones justas", denuncia José Manuel Pérez de FPU Investiga, en conjunto con la Asamblea de Investigadoras de Compostela.

Pérez define la precariedad en su sector como el hecho de "trabajar a destajo para seguir tirando por dos, tres o cuatro años, sin saber si después seguiremos en esa universidad o empresa, o si acabaremos en el paro o emigrando por un tiempo indefinido. Ante todo eso, la indemnización por fin de contrato no solo es un derecho que reclamamos por ser trabajadores, sino un colchón, o una bombona de oxígeno, que puede ser vital ante un futuro tan incierto", concluye.