El Gobierno impulsa el retraso de jubilación y bonificará a quien decida posponerla

Madrid

El ministerio de Seguridad Social tiene ya casi lista una batería de reformas a la espera de que la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo termine sus recomendaciones sobre el sistema de pensiones, que han de ser la base para proponer cambios en la Seguridad Social que cuenten con el consenso generalizado de las fuerzas políticas. Anticipándose a un acuerdo cercano, José Luis Escrivá ha presentado ante los diputados las líneas maestras de una futura reforma, que tendría como pata fundamental el retraso en la edad real de jubilación.

Un año de retraso en la jubilación de los españoles es ahorrar más de un punto del PIB en gasto del sistema, y esto ayudaría al equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, dice el ministro. Sostiene Escrivá que no se trata de subir la edad legal de jubilación, que se situará en 67 años en 2027 por efecto de la reforma de 2011 (va subiendo gradualmente año a año; en 2020 está en 65 años y 8 meses), sino de acercar a esa edad legal la edad real de jubilación, que ahora está en 64 años y 6 meses.

Para propiciar este acercamiento el ministro propone dos vías: mejorar los incentivos para los que retrasen su jubilación voluntariamente, que ahora son muy bajos en comparación con los de otros países europeos (del 3,2%, frente al 4% de Austria, al 5% de Francia, el 6% de Alemania y el 10% del Reino Unido), y retocar las penalizaciones para los que se jubilan anticipadamente. En teoría, por cada año que uno adelanta su retiro, sufre una penalización del 8% en su pensión, pero en la práctica los que más ganan pierden menos: el ministro ha explicado que los cotizantes que tienen la base máxima sólo ven mermada su pensión un 2% por año de adelanto, quitando fuerza al desincentivo.

Otras patas de esta futura reforma, según ha explicado Escrivá, son adoptar un mecanismo estable de revalorización de las pensiones conforme a la subida de los precios, para sustituir definitivamente al mecanismo de subidas del 0,25% puesto en marcha por la reforma de 2013 del gobierno Rajoy; culminar la separación de fuentes (que los gastos que absorbe impropiamente la Seguridad Social recaigan sobre los Presupuestos Generales del Estado, algo que ahorraría un 1,6% del PIB de gasto al sistema, según los cálculos del ministerio) y rehacer toda la legislación referida a los planes privados y complementarios. En este sentido, Escrivá se ha mostrado partidario de un sistema complementario de planes de empleo, a imagen de lo que se hace en el País Vasco, e incluso de promover un plan complementario de empleo desde el Estado, "una experiencia que ha tenido mucho éxito en el Reino Unido".

Según el ministro, el gasto excepcional en el que está incurriendo el sistema por causa de la COVID va a empujar el déficit de la Seguridad Social al 2% en 2020 (desde el 1,3% en 2019), aunque se ha mostrado confiado en que se volverá a niveles parecidos a los actuales hacia 2023.