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Internacional | Actualidad
CRISIS DE LOS REFUGIADOS

Bruselas propone impedir la entrada de los inmigrantes sin derecho al asilo

La Comisión presenta hoy un documento, para discutir en la cumbre del lunes, que avala el cierre de fronteras interiores hasta noviembre y devolver a Grecia a todo el que se cuele

Refugiados se dirigen al centro de registro tras cruzar la frontera entre Grecia y Macedonia, / GEORGI LICOVSKI (EFE)

Refugiados se dirigen al centro de registro tras cruzar la frontera entre Grecia y Macedonia,

Bruselas

Denegar el acceso a todos los inmigrantes sin derecho al asilo y a aquellos que se nieguen a formular la petición en el país de entrada. Será una obligación de los gobiernos de la Unión Europea, según el nuevo documento que este viernes presenta la Comisión Europea y cuyo objetivo es buscar el consenso en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del próximo lunes.

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La idea estaba ya incluida en algunos acuerdos anteriores, pero la aclaración es importante para Austria y para los Balcanes que han comenzado a tomar decisiones unilaterales como el cierre de fronteras. La Comisión les da ahora la razón asegurando que la política de dejar atravesar países, de dejar pasar, es incompatible con la ley europea.

El documento al que ha tenido acceso la Cadena SER reitera que es urgente realizar el plan de ayuda humanitaria en Grecia pero sobre todo programa el futuro despliegue en sus fronteras a través de la guardia europea, un cuerpo de nueva creación y a cuyo despliegue se vincula la recuperación de la libre circulación interior ya que, por el momento, la Comisión está dispuesta a prolongar los cierres, al menos, hasta el próximo mes de noviembre.

Este documento precisa el contenido de la ley europea. Dublín, el reglamento que obliga a pedir el asilo en el país de entrada sigue en vigor y el documento de hoy no incluye la propuesta para modificarlo, como se dijo al comenzar la crisis. Pero la voluntad de cambiar esta ley en primavera parece incompatible con el programa previsto hasta noviembre aunque el comisario del Interior podrá explicarlo este viernes en una comparecencia prevista a partir de las 12:00.

Solo con estas normas, la Comisión entiende que podrá reforzar el reparto pendiente de refugiados. Lo que en la práctica obliga a convertir a Grecia en el campo de entrada para todos. Por esto, la Comisión insiste en que es urgente aprobar el programa de ayuda que vía ONG permitirá dar a los refugiados la atención necesaria hasta que funcione el reparto.

Las ONG, y especialmente ACNUR, deben garantizar que Grecia reúne todas las condiciones para acoger inmigrantes, el gran problema desde que una sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo impidió los retornos forzados a ese país de entrada, argumentando que la situación era inhumana.

En junio la Comisión confirmará si los problemas para la recepción han sido corregidos. Lo que implica que el próximo verano los gobiernos podrían devolver al punto de llegada a quienes intentan atravesar fronteras sin papeles para llegar hasta Alemania.

Antes, la Comisión propone a los gobiernos una inspección en Grecia: entre el 11 y el 17 de Abril "por tierra, mar y aire". El objetivo es confirmar si la frontera exterior europea está bien protegida. Protección que realizaría Frontex con los nuevos recursos que han de aportar el resto de gobiernos en los primeros pasos para el futuro Cuerpo de Guardas Europeos. Su despliegue completo, el próximo noviembre es la otra garantía para recuperar la libre circulación que garantiza Schengen.

Once páginas resumen esta propuesta, dura, pero la única opción para la Comisión de conseguir el consenso en la Cumbre del lunes 7 como previa para volver a abrir las fronteras internas de la Unión, hoy bloqueadas hasta en ocho países, incluyendo a Noruega, y sin contar que Francia también las ha cerrado, aunque en su caso no es por la inmigración descontrolada sino como medida contra el terrorismo.

El texto incluye también una valoración aproximada de los costes que implican las fronteras cerradas. Una horquilla todavía muy amplia pero que podría superar los 20.000 millones de euros sumando las pérdidas para los transportistas, las horas de espera en las fronteras para quienes trabajan en el país vecino y las repercusiones para el turismo.

 

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