La Justicia obliga respetar las vacaciones de Navidad de un interventor canceladas tras denunciar irregularidades
El interventor jefe del ayuntamiento de Orihuela había denunciado irregularidades en las cuentas y en los pagos de nóminas y complementos antes de irse de vacaciones. El consistorio popular, epicentro del caso Brugal, mantiene a 7 miembros imputados.
Imagen de la puerta del ayuntamiento de Orihuela / GOOGLE
En menos de tres días la jueza Raquel Catalá, titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche, ha resuelto a favor del interventor jefe de Orihuela, Fernando Urricoechea, para que continúe sus vacaciones de Navidad junto a su familia en Bilbao. Es una medida cautelarísima y excepcional que ha llegado a estos juzgados con un conflicto de fondo entre el equipo de Gobierno del PP y este funcionario del Estado.
Según el auto, la jueza no ve motivos para la interrupción de las vacaciones del funcionario y obliga a que se respeten sus días, tal y como en un principio había aprobado el consistorio. La jueza no ve justificado el castigo y, sin entrar en los motivos del conflicto, mantiene que las vacaciones son un derecho y el ayuntamiento no ha dado razones para suspenderlas después de habérselas concedido el pasado 3 de diciembre.
La cancelación, por decreto, de las vacaciones del interventor coincidió con la presentación de varios informes en los que Urricoechea denuncia una larga lista de irregularidades en los pagos de las nóminas –con una plantilla de unos 700 funcionarios- y otros gastos. El funcionario, presentó los informes, se fue de vacaciones y en medio, dejó dos días hábiles para revisar el trabajo antes de continuar los días libres. Cuando volvió, sus vacaciones habían sido canceladas por decreto, bajo el argumento de que no cumplía con su trabajo.
En la secuencia de los informes registrados por este interventor –máxima autoridad municipal para visar las cuentas- destacan dos fechas. El pasado 30 de noviembre, cuando registró once informes donde pedía subsanar irregularidades graves en el pago de las nóminas. Y el pasado 3 de diciembre, una comunicación de alerta dirigida a la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento y a la Consejería de Hacienda de la Generalitat valenciana avisando de que se había superado el plazo máximo legal del pago a proveedores.
En julio de 2014, un juez de Orihuela imputó por prevaricación a todo el gobierno municipal. En la actualidad, todavía 7 miembros del PP en el consistorio siguen imputados. Cuatro de los siete alcaldes de esta localidad alicantina han sido condenados o imputados por delitos de corrupción desde 1997. La última imputación que afectó a todo el gobierno tuvo su origen en la negativa del anterior interventor a dar luz verde a los gastos municipales.
