El trasvase Tajo-Segura, cuestionado

Madrid

 La gestión del trasvase Tajo-Segura depende de una Junta de explotación, que se rige por criterios técnicos que establecen las leyes ambientales.

El último acuerdo político sobre el Tajo fue firmado hace 2 años por las 5 comunidades autónomas afectadas y establece un límite para poder trasvasar agua, que, para este año, está en 304 hectómetros cúbicos, un 25% más que el fijado en el Plan Hidrológico Nacional aprobado en el último gobierno de José María Aznar. Esta semana, los pantanos de Entrepeñas y Buendía disponen de 393 Hm3, por lo tanto, el trasvase sería técnicamente posible.

Además, los expertos en planificación hidrológica reconocen que este trasvase también suministra agua a dos millones y medio de personas y que ésta tiene que ser la prioridad, como explica a la Cadena SER Santiago Martín Barajas, miembro del Consejo Nacional del Agua.: “El abastecimiento humano es una proridad total, como establece la vigente Ley de Aguas”.

 Descenso lluvias

 Sin embargo, el cambio climático ha reducido, de forma importante, el régimen de lluvias en la cabecera del río Tajo y, por esa razón, los especialistas coinciden también en afirmar que hay que realizar cambios, aunque “no a corto plazo, de un día para otro”, como reconoce Pedro Arrojo, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza.

 Y, mientras tanto, Luis Babiano, gerente de AEOPAS, la asociación que agrupa a las empresas públicas de suministro de agua, advierte que hay alternativas al trasvase que ya no cumple con la legislación europea: “Hay que establecer unas directrices para gestionar la sequía y éstas tienen que contemplar medidas de control del agua y también posibles alternativas, como las plantas desaladoras que usen energías renovables”.

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 Construido en la década de los años 50 del siglo XX, en plena dictadura de Franco, el trasvase Tajo-Segura sigue generando polémica, pero los expertos piden que se utilicen criterios técnicos y no políticos porque hay margen para mejorar su gestión.

 Bases legales

 El acuerdo de la regulación del trasvase Tajo-Segura fue suscrito por las cinco Comunidades Autónomas de las cuencas cedentes y receptoras (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia), con el objetivo de incrementar las garantías ambientales y de preferencia de la cuenca cedente (la del Tajo), otorgar seguridad jurídica al acueducto y a todos los interesados, y mejorar el funcionamiento del trasvase.

 Según estas reglas, el nivel de referencia en 2015 es de 304 hectómetros cúbicos (Hm3). Así, la Ley de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 2013) establece en 400 Hm3 el nivel de referencia para la definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo (en los embalses de Entrepeñas y Buendía), pero establece un régimen transitorio para alcanzar progresivamente ese nivel en un máximo de cinco años. Todas las normas posteriores, como es el caso del Plan Hidrológico del Tajo aprobado el 11 de abril de 2014, acatan este nivel de referencia.