La Rioja derivó 278 abortos a otras comunidades en 2021

Logroño

El 80% de los abortos en España se realizan en clínicas privadas o concertadas. La nueva ley del aborto, todavía en borrador, pretende que se garantice este derecho de las mujeres en el sistema público. Algo que va en contra de la propia objeción de conciencia de del personal médico, que está en su derecho a renunciar a hacer esta práctica.

Es lo que ocurre en La Rioja, donde no se practican interrupciones voluntarias del embarazo, porque el servicio de ginecología es objetor en su totalidad y, por ello, se derivan anualmente una media de 300 mujeres a abortar a centros privados de otras comunidades, en concreto, Navarra y Zaragoza.

Sí que se realizan en el sistema público riojano otro tipo de intervenciones de aborto cuando supone un peligro para la madre o cuando ya no hay latido fetal, por ejemplo, pero no se realiza la interrupción voluntaria del embarazo.

La objeción de conciencia

El personal sanitario poseen una facultad para negarse a llevar a cabo una intervención que atente contra sus principios éticos o morales. En el caso de las prácticas de abortos, cada profesional de forma individual justifica por escrito y se inscriben en un registro en el que se oponen a realizar estas intervenciones.

En La Rioja todo el profesional del servicio de ginecología del Sistema Riojano de Salud (SERIS) son objetores de conciencia. "Habitualmente, en servicios pequeños y comunidades pequeñas casi todos son objetores. Si solo uno de ellos no lo fuera, todos los casos recaerían en esta persona, no haría otro procedimiento que ese y toda la carga asistencial recaería en él", así lo asegura en los micrófonos de la Cadena SER Inmaculada Martínez, la presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja.

Y es que, cuando los hospitales enteros se declaran objetores de conciencia, es difícil que un profesional, cuando entra a este servicio, se desvincule de esa postura. "Si te dedicas solo a hacer abortos sería empobrecer mucho la especialidad de la ginecología. Ser la abortadora o la abortista de toda La Rioja, sería duro. Por eso, cuando entra la gente nueva también firman la objeción porque el resto también lo ha hecho", explica la ginecóloga Juana Hernández.

Precisamente, en el borrador de la nueva ley del aborto se recoge la intención de que la interrupción del embarazo esté garantizado en todos los hospitales públicos, algo que aplaude Hernández.

"Sería necesaria la contratación de ginecólogos específicos para este tema, para que no sea multifunción. No tiene sentido que un ginecólogo se dedique a reproducción, a concebir nuevos niños y niñas y luego además tenga que hacer la labor del aborto. Tiene que haber gente preparada solo para esto y que se les contrate con esa exigencia", añade la ginecóloga Hernández.

300 derivaciones de abortos en La Rioja

Eso sí, en La Rioja la mujer sí que tiene cubierto este servicio de aborto porque desde el sistema público se deriva a las mujeres que quieren abortar a dos clínicas privadas, una Navarra y otra en Zaragoza, y Salud se hace cargo de todos los gastos, incluidos los traslados y las dietas.

Anualmente La Rioja realiza de media unas 300 derivaciones de mujeres riojanas a estas clínicas. En 2021 fueron concretamente 278 derivaciones de interrupción voluntaria de embarazo. Hemos hablado con la clínica Ansoáin, en Pamplona, una con las que se tiene convenio. En 2021 esta clínica atendió 150 abortos, derivados del sistema riojano de Salud.

"Todos los años las cifras son similares, practicamos habitualmente entre 147 y 158 interrupciones de embarazo anuales derivados de La Rioja. Son una media de 150 al año", explica en la SER el doctor Jose Gurrea, de Clínica Ansoáin.

400 euros por aborto

El sistema riojano es el que se hace cargo económicamente de esos abortos. Son 150 abortos de media solo en esta clínica, y le supone a La Rioja alrededor de 130.000 euros, sin contar con dietas y traslados, que también abona el ejecutivo. Si se acude sin ir derivado por un sistema público de salud, abortar en esta clínica cuesta aproximadamente unos 400 euros, dependiendo de las técnicas.

"Lo paga la sanidad pública, no los pacientes. Pero no hay mucha gente que venga por su propia cuenta. Todas las mujeres saben, y nosotros también se lo comunicamos, de que pueden acudir al sistema público y ahí se lo pagan. Eso es un beneficio para la paciente", añade el doctor Gurrea.

"Vienen a rezar a la puerta de la clínica"

Sobre los objetores de conciencia, desde esta clínica en Pamplona aseguran que ejercen un derecho constitucional. Clínicas que también son señaladas por personas creyentes. Gurrea señala que respeta la libertad de expresión de todos los pensamientos. "Hemos tenido gente que rezaba el viernes por la tarde, incluso venía el obispo de Pamplona. Tenemos otra gente que los viernes por la mañana viene a rezar delante de la clínica. Siempre y cuando no molesten a las pacientes, me parece que es respetable", comenta Gurrea, de Clínica Ansoáin.