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El papel de los médicos y de la dueña de la empresa, “clave” según fuentes de la investigación

Ninguno de los 6 imputados por el juez decidió practicar ni siquiera un análisis de sangre a Samba “ que habría servido para diagnosticar el VIH, darle el tratamiento y seguramente Samba podría haber seguido con vida” según la acusación particular

Foto de archivo del CIE de Aluche / EFE (EFE)

Foto de archivo del CIE de Aluche

Madrid

A Jaime Evaristo Ojeda, el primer médico que vio a Samba a su ingreso en el CIE de Aluche, fuentes de la investigación consideran probada su responsabilidad penal “como autor penalmente responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave en comisión por omisión” porque, aseguran, no realizó las pruebas indagatorias para determinar el mal estado de la joven congoleña y así poder pautar un tratamiento adecuado a las causas y “ no sólo paliativo de los síntomas y poder descartar una patología severa”. A Samba “le dieron simplemente paracetamol” en la mayoría de los 38 días en los que estuvo en el CIE hasta su muerte .

Para fuentes cercanas al caso, había muchos elementos que tenían que haber llevado al médico a practicar más pruebas y poder descartar una patología severa : “ La reiteración de la necesidad de asistencia médica, la existencia de indicios de una infección por VIH, el lugar de procedencia (la República Democrática del Congo con un alto índice de prevalencia del VIH en mujeres en edad fértil), el periplo migratorio o indicios que no pueden desecharse de que las evidencias del mal estado físico de Samba Martine pudieran ser mayores a las que se reflejan en su historia clínica” .

“La más elemental diligencia habría exigido practicar a la señora Martine un diagnóstico de SIDA que, al haber resultado positivo, hubiera significado el inicio de un tratamiento con antiretrovirales que, con una alta probabilidad hubiera evitado la muerte de la víctima”, señala el Catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat. En definitiva, “la muerte se podría haberse evitado con un comportamiento correcto” señala la acusación particular. El propio Ojeda señala en su declaración que no conocía ni siquiera que Samba había pasado por el CETI de Melilla.

Desde el 12 de noviembre de 2011 hasta el día de su muerte, el 19 de diciembre,justo hoy se cumplen 4 años, Samba Martine acudió al menos en diez ocasiones a los servicios médicos del CIE, el doctor Ojeda sólo realizó una prueba de embarazo a Samba ya que tenía un retraso en la menstruación, una prueba que dio resultado negativo, y tan sólo administró a la paciente medicación para aliviar síntomas : tos , dolor torácico, síntomas gripales, fuertes dolores de cabeza, prurito perianal etc.

Hay evidencias del mal estado físico de Samba, “mayores que las reflejadas en las hojas de las visitas” a los servicios médicos del CIE y que también se apuntan en la declaración de la Coordinadora de Cruz Roja en este centro que señaló que “tenía conocimiento de que dicha interna estaba enferma desde hacía tres semanas” y que queda avalado en un informe de la ONG.

La gravedad de la situación era patente incluso para las propias mujeres internas, es decir, para personas carentes de conocimientos médicos, quienes “manifestaros al equipo de Cruz Roja, sus quejas al respecto de la atención del servicio médico en relación a esta mujer, y demandaron al equipo de Cruz Roja papel y sobres ya que querían escribir una carta al juzgado de control, explicando que, pese a que Samba había sido atendida por el doctor en diversas ocasiones (y otras ocasiones por las enfermeras), nunca había sido derivada al hospital y su estado de salud se había visto empeorado notablemente en los últimos días”, según señala la nota de Cruz Roja conocida ahora.

“En conclusión puede afirmarse sin dificultad que la muerte de doña Samba Martine es objetivamente imputable al personal sanitario del CIE”, señalan en el escrito los letrados de la acusación particular.

Con respecto al doctor Fernando Fernández Valencia , que atendió a Samba en al menos 2 ocasiones de las 10 que constan, lo consideran responsable por un delito de imprudencia grave por motivos similares a los referidos al doctor Ojeda.La acusación particular , que representa SOS Racismo y Ferrocarril Clandestino , mantienen que está demostrada la responsabilidad penal de María de los Ángeles Andrés Ventosa, como responsable máxima de SERMEDES la empresa que proporcionaba la asistencia médica en el CIE.

“Si el servicio se hubiera organizado adecuadamente ―no excluyendo de la anamnesis inicial datos tan relevantes como el lugar de origen o el tiempo de estancia en España y no despreciando la información clínica que sobre estas personas se generaba en los CETI de Ceuta y Melilla― habrían aumentado las posibilidades de que Doña. Samba Martine estuviera con vida” concluye el escrito presentado ante el titular del juzgado de instrucción número 38 de Madrid que tendrá que decidir en próximas fechas sobre si abre o no juicio.

 

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