"No es nuestra": el Arzobispado se desmarca de la retirada de la Cruz de Los Caídos del cementerio de Pamplona

Pamplona

Hace unos días un abogado madrileño especializado en leyes de memoria, Eduardo Ranz, enviaba una carta en la que se instaba a 8 municipios y 20 arzobispados y obispados a que cumpliesen con la nueva ley de Memoria y retirasen simbología franquista. Uno de esos arzobispados es el de Pamplona-Tudela, que hoy se ha pronunciado al respecto.

Admite que sí han recibido una carta en la que se insta a retirar "una cruz" de "un" cementerio. El problema, según Carlos Ayerra, deán de la catedral de Pamplona, es que no se especifica en cuál. "Este señor pide que la cruz desaparezca de un cementerio, por lo tanto tendrá que decirme a qué cementerio se refiere. En la carta pone calle del cementerio, pero... ¿Se refiere al cementerio de Pamplona, de Tudela, de Tafalla, de Estella...?", explica.

Admite saber que en Navarra hay más cruces, aparte de la del cementerio de Pamplona, aunque si se tratase de este último "es una zona pública", por lo que "tendría que ser el Ayuntamiento de Pamplona el que retirase la cruz". Cuando se le pregunta por la zona en concreto en la que se ubica la cruz, Ayerra insiste: "No es nuestra. Nosotros tenemos el panteón de los Canónigos, y el panteón de algún cura. Pero con lo de la guerra, que yo sepa, no tenemos nada que ver".

Son "noticias positivas" dice el abogado madrileño, Eduardo Ranz, ya que a través de estas declaraciones el arzobispado de Pamplona y Tudela "reconoce que hay simbología franquista en el territorio diocesano. Y si no es propiedad eclesiástica, que nos manifiesten formalmente que no es propiedad de la Iglesia o que no fue financiada con dinero religioso", explica. Si desde el arzobispado tienen tan claro que es responsabilidad municipal, dice, él mismo se ofrece a asesorarle gratuitamente para dar traslado a los municipios. "Desde luego si descartan formalmente cualquier tipo de titularidad sobre las cruces. El siguiente al que nos tenemos que dirigir es al ayuntamiento, sin duda", añade. Ahora tienen tres meses de plazo, dice este abogado, para que o el arzobispado o el ayuntamiento haga que se cumpla la ley de memoria.