La Fiscalía carga contra los obispos por la "escasísima información" enviada sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia

El fiscal general del Estado, Álvaro García, ha comparecido este jueves en la comisión de Justicia del Senado para hacer balance de la Memoria de la Fiscalía de 2022. En el acto y con datos, el fiscal general ha sido crítico con la «escasísima información» sobre abusos sexuales a menores proporcionada por la Conferencia Episcopal y las diócesis y congregaciones religiosas. Desde el 31 de enero de 2022 la Fiscalía ha pedido respuestas. Primero en dos ocasiones a la Conferencia Episcopal, y ésta acabó contestando el pasado 29 de septiembre que carecía de datos y de competencia sobre las diócesis, que gozaban de personalidad jurídica propia. La Fiscalía se dirigió en noviembre a las 70 existentes en España y ha recibido contestación de 30. La mayoría “de modelo”, dice el fiscal general, afirmando que o bien carecían de datos o remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales. Álvaro García ha anunciado la remisión de un nuevo requerimiento ante la “escasísima información recibida”. Esta vez a las congregaciones religiosas como los maristas, jesuitas u opus dei, entre otras, que aún no han facilitado dato alguno. El fiscal general advierte a los obispos y a las congregaciones que están obligados por ley a ofrecer toda la información sobre abusos sexuales a menores. Álvaro García también ha defendido su decreto del pasado mes de noviembre, en el que, con el respaldo de 4 fiscales de Sala y de la secretaría técnica, abogaba porque no se produjeran rebajas de condena en la ley del sólo sí es sí. Ha expuesto que la Justicia “no es aritmética” ni los juristas “meras calculadoras”. Considera que no caben revisiones de condena si la pena en que incurrió podía imponerse con la nueva ley. Y ha recordado que no es la primera vez que ante una reforma legal sin una disposición transitoria, el propio Tribunal Supremo ha denegado rebajas de condena aunque la nueva legislación previera una pena más baja para la misma tipología delictiva. Ya sucedió en el Alto Tribunal con la Ley 2/2015 sobre terrorismo. Por ello, Álvaro García ha añadido que los agresores sexuales no pueden tener un “tratamiento privilegiado” frente a otros delincuentes. “¿Por qué un agresor sexual debe tener un trato diferente?”, concluyó. La Conferencia Episcopal ha publicado un comunicado en el que asegura que mantiene una «colaboración» con la Justicia y, en concreto, con la Fiscalía dentro de lo que marca la ley. Señala también que recibieron con extrañeza esa petición de información de casos de abusos a menores, a la vista de los estatutos de «las funciones recogidas en el estatuto del Ministerio Fiscal». También añade que ya trasladan los casos de los que reciben, cuando son tiene conocimiento de ello, a la justicia y reitera su disposición a colaborar con los tribunales en línea de lo que marca la ley. La nota no desmiente en ningún caso los datos que ha dado el Fiscal General del Estado.