La Fiscalía archiva la investigación de la tragedia de Melilla en la que murieron al menos 23 personas

Madrid

La fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha acordado el archivo cuando ha transcurrido el periodo de seis meses que le faculta la ley antes de decidirse entre la presentación de una querella o el sobreseimiento por falta de delito. Cierra la investigación al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado en los hechos que tuvieron lugar el pasado 24 de junio y que concluyeron con la muerte de al menos 23 migrantes.

Afirma la fiscal que la actuación de los migrantes, entre “700 y 800 personas”, fue “en todo momento hostil y violenta” hacia los agentes marroquíes y españoles, y sostiene que la “no puede concluirse” que la actuación de los agentes “incrementara el riesgo para la vida de los migrantes”, por lo que no puede imputárseles un delito de homicidio imprudente.

La Guardia Civil "no tuvo conocimiento" de la avalancha mortal

Asevera además que los agentes españoles “no tuvieron conocimiento de la avalancha” formada contra una de las puertas en la que supuestamente fallecieron la mayoría de migrantes, porque los agentes al verse en clara inferioridad, con varios de ellos heridos por las piedras lanzadas por los migrantes, se parapetaron al otro lado del muro de hormigón, lo que les impedía cerciorarse de lo que estaba sucediendo. De ahí que a juicio de la fiscal, tampoco puedan ser culpados de omisión en el deber de socorro.

La parcela en la que sucedió la tragedia de Melilla es propiedad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Un total de 470 rechazos en frontera "legales"

La representante del Ministerio Público, como el Defensor del Pueblo, admite que se produjeron 470 rechazos en frontera de migrantes, pero una vez más defiende la actuación de los agentes de la Guardia Civil, quienes según la fiscal procedieron “en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de la Ley de Extranjería y en base a las competencias que tienen legalmente atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española”.

Beatriz Sánchez ha adoptado esta decisión después de realizar una inspección ocular en la zona, tomar declaración a migrantes involucrados y agentes, así como tras acceder a los vídeos y audios de la investigación y analizar varios informes.

"Obligación" de garantizar la solicitud de visado

La fiscal sí recuerda la “obligación” a los Ministerios de poner en marcha mecanismos para garantizar que los migrantes tengan “posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas” en los países de origen o tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, antes de que se vean obligados a jugarse la vida saltando la valla.

Las fiscal también da parte a la dirección de la guardia civil por si algunos agentes que lanzaron piedras, incurrieron en infracción disciplinaria.