La reforma de la Constitución para borrar el término "disminuido", congelada en busca de acuerdo

Más de 20 años llevan los colectivos pidiendo borrar el término «disminuido» del artículo 49 de la Constitución, que hoy celebra su 44 aniversario. El término les duele, es «ofensivo» y está obsoleto, pero ahí sigue. El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) va a intensificar la presión para que PSOE y PP desbloqueen esta reforma constitucional que, según su presidente, Luis Cayo, es excepcional y no contiene otras cosas. «A algunos grupos se les abre un abismo pensando que la reforma puede contener otras cosas; pero ésta es una reforma contenida, referida al artículo 49, donde hay un respaldo social máximo», asegura Cayo, que lamenta que «el clima de polarización de las fuerzas políticas, no favorezca, no ayude a ponerse de acuerdo». «Si hay acuerdo, el trámite es rápido». “Los próximos meses son esenciales para que se concrete”, añade, para concluir transmitiendo que «la reforma es blanca, sin aristas, no molesta a nadie, mejora al país y a la convivencia democrática; estamos tardando». Año y medio lleva paralizado en el Congreso el proyecto para modificar este artículo y darle una redacción acorde con los derechos humanos. Pero nada se mueve en la tramitación y no hay consenso. Hasta 59 veces se ha ampliado el plazo de enmiendas. La última, hasta el 14 de diciembre. Los colectivos afectados piden la sustitución del término «disminuido» por el de personas con discapacidad en la Constitución española. El proyecto de ley que reforma el artículo 49 de la Constitución y borra el término «disminuidos» permanece congelado en el Congreso pese a su aprobación por el Consejo de Ministros, a pesar de que tanto el PSOE como el PP garantizan su compromiso con la reforma. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado este pasado 3 de diciembre, varias de las organizaciones que las representan volvieron a reivindicar una nueva redacción de ese artículo, adecuada al constitucionalismo del siglo XXI y orientada a la inclusión y al reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. Daniel es una persona con discapacidad física y ha criticado en la SER que este artículo le considere «disminuido». «Somos personas y tenemos dificultades, pero este artículo debería poner que vamos a tener todo el apoyo de la administración», señala. Además, considera que «hay dos paradigmas con esta cuestión y que a las personas que pueden cambiar esto en el Congreso se la bufa».