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Las administraciones públicas no cumplen la ley de contratación de personas con discapacidad intelectual

Desde 2011 hay una ley que les obliga a tener un 2% de personas con discapacidad contratadas y solo llegan al 0,08%

Las administraciones públicas no cumplen la ley de contratación de personas con discapacidad intelectual

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Madrid

Pablo Ríos tiene 40 años, es de Murcia y trabaja en el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Es una persona con discapacidad intelectual y hace 10 años aprobó la primera convocatoria de plazas públicas para este colectivo. Antes de conseguir este puesto, estuvo varios años trabajando en el Ayuntamiento de Murcia: "Cuando era más joven me ponía a trabajar en algo y siempre aparecía alguien mejor que yo. A mí me decían 'Pablo lo haces bien', pero siempre aparecía alguien mejor y yo pensaba 'madre mía voy a vivir siempre a la sombra de alguien'".

Más información

En diciembre se cumplen 10 años desde la primera convocatoria de empleo público para personas con discapacidad intelectual. Se trata de una modalidad de empleo que está permitiendo que miles de personas con discapacidad intelectual accedan al empleo público a nivel estatal, autonómico y local.

Un cambio de vida

Ana Martínez es de Lugo y lo dejó todo para mudarse a Cuenca. Fue allí donde sacó una plaza de empleo público, ahora trabaja en una de las oficinas de la Seguridad Social: "Al principio no tenía apoyos, en el puesto de trabajo fue complicadillo". Lo que más le gusta a Ana es el arte, lleva años formándose en la técnica del grabado. Aprobar las oposiciones ha supuesto un antes y un después en su vida: "Un cambio de vida radical, cambiarme de ciudad, tener mi propio sueldo, mi propia independencia y poder decidir".

En España, el 82% de las personas con discapacidad intelectual no tienen trabajo y el 18% que sí lo tiene cobra un 17,8% menos que las personas sin discapacidad. Para personas como Pablo o Ana, tener la seguridad de un empleo fijo les ha supuesto ganar en confianza y poder emprender un proyecto de vida independiente.

Desde Plena Inclusión, la confederación que agrupa a 950 asociaciones de todo el Estado, que entre todas apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, subrayan la importancia de que la cuota del 2% se cumpla: "Estas plazas se están convocando en muchos sitios pero todavía hay diferentes niveles de la Administración que no lo están cumpliendo y deberían empezar a realizarlo", asegura Silvia Muñoz, responsable de Empleo de Plena Inclusión España.

¿Tienes dudas sobre la nueva normativa de las personas con discapacidad?

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Empleo sí, promoción interna, también

Pablo y Ana llevan 10 años en sus puestos de trabajo y quieren prosperar. Es una de las principales reivindicaciones de Ana: "También queremos ascender en nuestros puestos de trabajo. Somos ordenanzas y no podemos subir de categoría. No sirve de nada que las plazas estén convocadas si no tenemos adaptación en los exámenes y en los temarios, poco podemos hacer".

Pablo también destaca que hay que adaptar los cursos de formación para las necesidades de las personas con discapacidad intelectual: "Yo en el SEPE he estado haciendo cursos de formación, pero no están adaptados para personas con discapacidad intelectual y ha supuesto un problema para mí hacerlo. Lo he superado con mucha dificultad, he hecho 4 o 5 cursos y es como si no hubiera hecho ninguno porque se me ha olvidado todo". Mejorar la formación que da la administración pública a las personas con discapacidad intelectual, dice, es una tarea pendiente.

Personas con capacidades diferentes

Desde Plena Inclusión están en una campaña para recordar que, por ley, las administraciones tienen la obligación de reservar el 2% de las plazas de empleo público a las personas con discapacidad intelectual, cuota que no se cumple en la actualidad.

Además, para reducir el desempleo, propone otras medidas como una mayor financiación de servicios de apoyo al empleo, el impulso de metodologías como el empleo con apoyo y el empleo personalizado, facilitar el acceso a las personas con discapacidad intelectual a la formación profesional, la educación secundaria y los planes de formación en las empresas. Igualmente, es necesario seguir impulsando el acceso al empleo público en todos los niveles de la administración.

Pablo y Ana son el ejemplo de que las personas con discapacidad intelectual pueden tener una vida independiente si la sociedad les acoge porque, en realidad: "Todas las personas tienen una capacidad diferente, a lo mejor ves una persona que no es muy bueno en algo pero es buenísimo en otra cosa", afirma Pablo.

 
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