La defensa de Juan Carlos Ruiz pide su absolución en la operación 'Púnica' por "ausencia de pruebas"

Murcia

El abogado Raúl Pardo Geijo, que ejerce la defensa del ex consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz, ha pedido la absolución de su defendido en el marco de la operación 'Púnica' argumentando la ausencia de pruebas y que "no existe absolutamente ningún dato que permita afirmar delito alguno".

Durante su intervención en la sesión del juicio que ha tenido lugar este miércoles en la Audiencia Nacional, Pardo Geijo ha argumentado que los escritos de acusación "parten de un error de base" respecto al objeto del procedimiento. "El auto de transformación dice que el consejero se concierta con A.P. para hacerle reputación a cambio de un contrato, pero las acusaciones --popular y pública-- sostienen hechos muy distintos", ha manifestado.

El letrado ha defendido la legalidad del contrato y ha negado cualquier intención de defraudar a la Administración. "El contrato es legal, las empresas eran reales y tenían capacidad para realizarlo", ha señalado, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo que avalaría su argumentación.

Respecto al delito de tráfico de influencias, Pardo Geijo ha señalado que no se puede demostrar que su cliente ejerciera presión sobre ningún funcionario. "¿Puede afirmarse que mi defendido hiciese algún acto que hubiera alterado la voluntad inicial de la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM)?", ha cuestionado.

En relación al supuesto cohecho, el abogado ha negado cualquier pacto para obtener reputación a cambio del contrato. "No existe ningún dato en el procedimiento que permita afirmar que el consejero acordó contratar con Madiba a cambio de realizarle la reputación", ha subrayado.

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El letrado ha destacado que su cliente ni siquiera conocía a A.P. en los primeros meses de 2014. "En mayo o julio no tenía ni idea de quién era" este empresario, ha manifestado, poniendo en duda la versión de las acusaciones.

Pardo Geijo ha cuestionado la lógica de un supuesto pacto de reputación, señalando que si realmente existiera, los actos reputacionales se habrían realizado inmediatamente después de iniciarse el proyecto, no meses después.

La defensa ha insistido en que no existe prueba alguna de que el contrato del ITREM fuera una excusa para pagar la reputación del consejero. "El contrato era real y respondía a trabajos concretos", ha argumentado.

Finalmente, el abogado ha solicitado la absolución de su cliente, argumentando la ausencia de pruebas y la falta de tipicidad en los delitos imputados. "Procede decretar la absolución de mi representado", ha concluido.

LA FISCALÍA CONSTATA LA TRAMA

Por su parte, la Fiscal ha detallado en su intervención los pormenores de la presunta trama de corrupción en el marco de la operación 'Púnica' que afecta a Ruiz, revelando un entramado de adjudicaciones contractuales a cambio de servicios de reputación digital.

La representante del Ministerio Público ha explicado que "el cohecho se produce cuando hay un intercambio: yo te doy algo a cambio de que tú me des un contrato público". Ha destacado que en este caso quedó "suficientemente probado" que existía un acuerdo entre el empresario A.P. y el entonces consejero Juan Carlos Ruiz para obtener contratos a cambio de trabajos de mejora reputacional.

La Fiscal ha señalado que las conversaciones intervenidas demostrarían que se diseñaron los contratos "a medida" para favorecer a una empresa concreta, EICO, "manipulando" los pliegos de condiciones y el precio de licitación. "Los empresarios fijaban el precio del contrato", ha subrayado.

Ha explicado que el modus operandi consistía en crear una red de medios digitales para publicar noticias favorables y desplazar informaciones negativas sobre cargos públicos. "Necesitaban una red de diarios para redirigir y trabajar la reputación", ha manifestado.

Entre las pruebas presentadas, la Fiscal ha destacado conversaciones telefónicas y correos electrónicos que demostrarían la coordinación entre los imputados para diseñar los contratos. "No se hablaba de precio con los técnicos", ha revelado.

Ha detallado cómo se creaban estrategias para que las ofertas presentadas beneficiaran siempre a la misma empresa, con llamadas donde se acordaba previamente el contenido de las propuestas. "Las otras propuestas tenían que ir con menos tiempo y más caras", ha señalado.

La representante del Ministerio Público ha explicado que el trabajo consistía en crear contenidos en medios digitales para mejorar la imagen de cargos públicos, utilizando técnicas de posicionamiento web y SEO para desplazar noticias negativas.

Finalmente, ha argumentado que los delitos de cohecho y fraude son compatibles al proteger bienes jurídicos diferentes: "El cohecho atenta contra la función pública y el fraude contra el patrimonio de la Administración", ha concluido.

ACUSACIÓN PARTICULAR

En cuanto a la abogada de la acusación particular, ha detallado la estrategia de reputación online desarrollada para el entonces consejero con el objetivo de posicionarlo como "candidato político". "Como expuso A.P., sus empresas eran pioneras en la utilización de internet y las redes sociales para promocionar personas", ha explicado la letrada.

La representante legal ha destacado que la estrategia implicaba la creación de contenidos en medios digitales para mejorar la percepción pública del consejero y ha señalado que el objetivo era posicionarlo como potencial sucesor del entonces presidente del Gobierno regional.

La acusación ha señalado que la empresa EICO utilizaba técnicas como la compra de seguidores en redes sociales mediante bots, llegando a gastar "200.000 euros en noviembre y otros 200.000 antes de mayo" para generar tráfico artificial. "Había que conseguir que estas noticias tuviesen movimiento en Google", ha explicado la letrada.

La intervención ha puesto de manifiesto que los servicios se pagaron mediante una "perversión del proceso de contratación pública", utilizando mecanismos como contratos menores y negociados sin publicidad. "El servicio real era la reputación del consejero", ha enfatizado la abogada.

La representante legal ha concluido su intervención destacando la posición de la Comisión Europea contra estas prácticas, citando documentos que consideran estas estrategias como una amenaza para "la libertad de expresión y los regímenes democráticos". "Los servicios de EICO vulneraban el debate público y el derecho a la información veraz", ha sentenciado.