División entre los sindicatos gremiales y de clase por la implantación de las 35 horas semanales en la función pública regional

Murcia

Tras la polémica suscitada en las últimas semanas en torno a este asunto con acuerdos que anunciaban sindicatos y que el Gobierno regional desmentía después, este viernes el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, Luis Alberto Marín, ha mantenido reuniones de forma consecutiva con los sindicatos: SATSE, ANPE, CCOO, UGT, CESM Y CSI-CSIF. Una jornada larga en la Consejería, especialmente en el caso de la reunión con los representantes de CCOO y UGT, que se ha alargado bastante más de lo esperado.

Tras la reunión, los sindicatos UGT y CCOO han dado por “agotado” el proceso de negociación y han lamentado que otras formaciones sindicales tengan interés en “retrasar” su aplicación, “perjudicando” al resto de trabajadores públicos. El secretario general de CCOO, Santiago Navarro, ha defendido los términos del preacuerdo que anunciaron la semana pasada, mediante el cual se reducía una hora de la jornada en junio y una hora y media en junio de 2024. Asegura que ese acuerdo se ha echado atrás "porque el consejero ha recibido presiones del Sindicato Médico".

Por su parte, Antonio Jiménez, secretario general de UGT, ha dicho que no se ha podido avanzar nada en la negociación y que tanto el Sindicato Médico como el Gobierno regional quieren retrasar la implantación de una medida beneficiosa para los trabajadores. Además, ha acusado al consejero de Hacienda de no tener voluntad política ni económica para implantar el acuerdo el 1 de junio. Jiménez ha asegurado que el presupuesto regional admite la reubicación de partidas presupuestarias puede ajustarse y "tiene mecanismos para darle cobertura a un acuerdo de este tipo, como están haciendo doce comunidades autónomas". No obstante, el consejero de Hacienda ha señalado que la Comunidad Autónoma no puede recurrir a los fondos de reserva, ya que estos se destinan a otro tipo de operaciones.

El coste de implantar esa medida de una vez en 2023, tal y como defiende el Sindicato Médico, sería de 130 millones de euros, según el consejero, que también ha reiterado su oferta de comenzar la implantación de las 35 horas semanales este año y culminarla el siguiente de forma simultánea en administración y servicios, educación y sanidad.

Tanto SATSE como ANPE, unidos en FSES., han pedido al consejero Marín la implantación de las "35 horas ya" en toda la función pública a partir de septiembre. Hacerlo antes, dicen, sería un "destrozo" para el sistema sanitario y el educativo.

Al contrario de lo que han manifestado CCOO y UGT, tanto el consejero Marín como el Sindicato Médico insisten en no dar la negociación por finalizada.