La Comunidad Autónoma destinará el próximo año 525 millones a políticas sociales

Murcia

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia de Murcia centrará sus actuaciones el próximo año en reforzar el “escudo social” ante la crisis, según su titular, Isabel Franco, con un presupuesto con 66 millones más que el presente hasta alcanzar los 525.

En su comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional de Murcia para informar de las cuentas de su departamento para 2023, ha dicho que son “rigurosas e históricas” y que desde el inicio de la legislatura en 2019 se han incrementado un 52 %.

“Vamos a gestionar más dinero, con más eficiencia y creando un escudo social hasta donde llegan nuestras competencias”, ha subrayado.

Como novedades, ha apuntado que las familias numerosas que perciban la Renta Básica de Inserción contarán con cien euros mensuales más por hijo, hasta un máximo de 300, y que el aumento del precio por plaza en residencias y centros de día hace que la partida se sitúe en 4,2 millones, un 9 % más, además de otra de 2,8 para las residencias que siguen sufriendo las secuelas de la pandemia de covid.

Ha asegurado que desaparecerá el copago para la teleasistencia, que aumentará hasta llegar a 7.000 personas, aunque para 2025 se espera que sean 11.000.

El presupuesto para nuestros mayores es de 196 millones, un 17 % más que este año, de los que 12 se destinarán a atención domiciliaria, sobre todo en Murcia y Cartagena, con 210 nuevos usuarios.

Para violencia machista habrá 16 millones, uno de ellos para un centro de atención 24 horas al día para víctimas. Se abrirá un segundo punto de atención en Alcantarilla y se reservan 0,43 para el segundo pacto de ayuda contra esa lacra.

La Ley de Servicios Sociales aumentará su dotación económica en 300.000 euros, un 25 % más, hasta llegar a 1,2 millones, lo que permitirá la contratación de 40 nuevos profesionales de atención temprana.

Destaca la creación de dos nuevas subvenciones nominativas para el Banco de Alimentos de la Región de Murcia, con sede en Cartagena, y el del Segura, en Murcia, ambas por 50.000 euros.

La diputada socialista Toñi Abenza ha advertido de que el recorte de las subvenciones a los ayuntamientos para atención temprana va a generar “importantes problemas” a los que van a tener que enfrentarse consistorios y mancomunidades por falta de financiación.

La también socialista María Hernández Abellán ha señalado que la consejera “vende humo”, y ha recordado que Murcia encabeza el ránking nacional “de la vergüenza de la violencia machista” con el mayor número de denuncias del país: “No le hubiera venido mal bajarse de su trono y reconocer que su política en esta materia está siendo un rotundo fracaso”, le ha dicho.

La portavoz de Podemos, María Marín, ha tachado de “sangrante” que 1.400 personas murieran el año pasado en la lista de espera de dependencia: “Esto es criminal, es abandonar a la gente a su suerte (...) estamos hablando no de cifras, sino de personas gravemente dependientes, muchas ancianas, que necesitan las ayudas para vivir con dignidad después de toda una vida trabajando”.

“Maldita sean las políticas que condenan a las personas a morir esperando en una lista de espera”, ha clamado quien ha criticado el modelo “Made in Ayuso” que está usando el Gobierno murciano para la atención temprana, en referencia al apellido de la presidenta madrileña, y ha reprochado la “falta de voluntad de un Gobierno regional que no cree en los derechos sociales ni en la transparencia”.

El diputado de Vox Pascual Salvador ha mostrado su apoyo a los incrementos presupuestarios para atención social y familias, pero ha criticado las partidas para la Agenda 2030, el “gasto ideológico” LGTBI y la inmigración ilegal, especialmente de los menores no acompañados, “a los que van dos millones de euros para que tengan una vida independiente, pero ¿quién ayuda a los jóvenes murcianos?”, se ha preguntado antes de señalar que le parece "indignante”.

Se ha mostrado contrario a que cuando la crisis económica golpea las familias y a las personas con menos recursos, se gaste el dinero en partidas “superfluas”, como 25.000 euros para una cátedra sobre la Agenda 2030, “lo que cuesta mantener un centro de atención temprana un año”: “Tarjeta roja para el incremento del gasto ideológico o para los extranjeros que han venido de forma ilegal”, ha remachado.

El portavoz de los expulsados de Cs, Francisco Álvarez, ha mostrado su satisfacción “al comprobar que gracias al fortalecimiento de las políticas sociales en la presente legislatura, la desigualdad de ingresos y la pobreza se han reducido", aunque ha abogado por “no bajar la guardia” por los efectos que la crisis pospandemia de covid y la inflación están teniendo en la población tras "aplaudir el aumento generalizado de las partidas para paliarlos".

La diputada del PP Maruja Pelegrín ha subrayado que “los presupuestos son los más sociales de la democracia en la región, dan certeza y ayudan a las familias a hacer frente a la crisis de la subida de los precios” y el también miembro de ese grupo Miguel Ángel Miralles ha destacado “la ambiciosa subida de más de 50 millones, casi un 15 % con respecto a 2022, del presupuesto del Instituto Murciano de Acción Social hasta superar los 390 para “atender a miles de personas, a los más frágiles, los que más nos necesitan”.