Tribunales

Condenado el exalcalde de Blanca por permitir la instalación de un vertedero ilegal en un paraje protegido

Rafael Laorden ha reconocido los hechos y deberá pagar una multa de 1.440 euros por un delito contra la flora protegida. Dos exconcejales de Medio Ambiente y el responsable de la empresa que realizó los vertidos también han sido condenados

El ex alcalde de Blanca, Rafael Laorden / PP (archivo)

Murcia

Tal y como se preveía ayer ha habido acuerdo de conformidad entre las partes y los acusados, el exalcalde de Blanca Rafael Laorden, dos exconcejales de Medio Ambiente y un empresario, tras reconocer los hechos, se han conformado con la pena de ocho meses de multa, con una cuota de seis euros diarios, es decir 1.440 euros, por un delito contra la flora protegida entre los años 2003 y 2009.

Unos hechos que comenzaron cuando el entonces alcalde popular de Blanca, Rafael Laorden y un empresario firmaron un convenio para la gestión de la escombrera municipal, que emplazaron en un terreno situado en una zona de especial protección de Aves, ZEPA de la Sierra de Ricote y La Navela.

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El delito más grave que se les atribuía, el delito contra el medio ambiente ha sido suprimido en virtud del acuerdo y tras la declaración de un perito que ha certificado la gran capacidad que ha tenido la zona para regenerarse, por lo que los acusados tampoco abonarán los gastos de recuperación del entorno.

Ecologistas en Acción, organización que denunció los hechos en 2006 y que ejercía la acusación particular en este caso ha celebrado "la primera condena a responsables políticos por un delito contra el medio ambiente en la Región de Murcia"

"Con esta condena queda demostrado la veracidad y gravedad de los hechos denunciados por Ecologistas en Acción desde el año 2006. Desde la organización ecologista se valora muy positivamente la sentencia y subrayan que se trata de un precedente importantísimo en la región de Murcia, que pone en valor el trabajo de las organizaciones ciudadanas en defensa del medio ambiente, y que envía un mensaje claro a las administraciones públicas de esta región en relación a la responsabilidad que tienen en la vigilancia y cumplimiento de las leyes de protección ambiental", concluye el comunicado de la organización ecologista.

 
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