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Activada una orden internacional contra el sacerdote salesiano de Vigo condenado por abuso sexual a menores

La Audiencia de Pontevedra notifica a la comunidad religiosa, fiadora para garantizar la libertad provisional del profesor, que tiene 10 días para entregarlo o perderá la finanza

Imagen de archivo del sacerdote durante el juicio / EFE/ARCHIVO/Diario de Pontevedra POOL

Vigo

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, encargada de la ejecución de la sentencia en la que condenó a 32 años y medio de cárcel a un sacerdote de un colegio de Vigo por abusar de seis menores, ha emitido hoy un auto en el que ha acordado expedir las órdenes de detención e ingreso en prisión de ámbito nacional e internacional del salesiano. El tribunal destaca en la resolución que, según el informe remitido por la Guardia Civil de Cambados, “ha huido con la única intención de sustraerse a la acción de la justicia y evitar el cumplimiento de las penas privativas de libertad a las que fue condenado”.

Las magistradas explican en el auto que el salesiano no se presentó de forma voluntaria en un centro penitenciario tras expirar el plazo de tres días que le concedieron el pasado 23 de febrero, por lo que, el día 27, acordaron la remisión de una orden de detención e ingreso en prisión. El 13 de marzo, la Guardia Civil de Cambados comunicó al tribunal la imposibilidad de dar cumplimiento a esa orden al no haber sido localizado en su domicilio.

La Audiencia, tras recibir el informe, ha acordado expedir las órdenes de detención e ingreso en prisión de ámbito nacional e internacional, las cuales deberán ser incluidas en el Sistema Integrado de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial (SIRAJ) para su plena efectividad.

Además, ha requerido a la Comunidad Colegio María Auxiliadora Salesianos, que prestó el día 30 de abril de 2020 una fianza de 12.000 euros para garantizar la libertad provisional del sacerdote, que, en su condición de entidad fiadora, en el plazo de diez días presente al condenado ante la Audiencia Provincial de Pontevedra para la ejecución de la sentencia. Las juezas indican que, en caso de no hacerlo, adjudicarán la fianza al Estado.

 
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