Raquel Álvarez: "Son necesarios juzgados de violencia de género exclusivos y excluyentes"

Santiago de Compostela

La Fiscalía General ultima una propuesta para comarcalizar los juzgados de violencia de género y que estos sean exclusivos y excluyentes. Santiago podría ser pionera en la implantación de esta medida. La fiscal delegada de violencia de género, Raquel Álvarez, confía en que la propuesta salga adelante más pronto que tarde. Un sistema que permitiría una mayor especialización y estar más cerca de las víctimas.

En declaraciones a la SER, Raquel Álvarez, reclama un juzgado dedicado específicamente a la violencia de género en Compostela. "Es necesario y esencial que la capital gallega cuente con un juzgado exclusivo", ha asegurado. Se trata de crear juzgados que asuman únicamente casos de este ámbito y que cuenten con un equipo de valoración integral que acompañe a las víctimas en todo el proceso.

La fiscal hace un llamamiento a la implicación de todas las instituciones y administraciones para garantizar la protección de las víctimas y su acompañamiento. El Pacto de Estado ha supuesto un gran avance, pero su desarrollo y aplicación requiere de un mayor esfuerzo. En este sentido, la fiscal cree que la Xunta debe comprometerse y acompañar con más inversión y medios. Señala que las políticas sobre el papel están muy bien, pero que después hay que dotarlas de fondos. "Delitos de naturaleza sexual, el ámbito de violencia de género o todo lo que tenga que ver con los menores, creo que es lógico entender que merecen una especial dedicación", ha dicho.

Es necesario modificar la ley del 'solo sí es sí'

Rotunda y clara, la fiscal delegada de violencia de género urge a modificar la ley del 'solo sí es sí'. El goteo constante de excarcelaciones y rebajas de condenas a los agresores sexuales es un ejemplo claro, dice, de que "no se puede legislar de forma inmediata", sin pensar en los efectos que tendrá en los procedimientos actuales. El principal error ha sido la rebaja de penas. Por ello, Raquel Álvarez reclama un ajuste de las mismas y la regulación de un derecho transitorio, algo que, insiste, debió hacerse desde un principio. La fiscal considera que ahora mismo la ley está causando más daños que beneficios. Una realidad que no se puede negar. La fiscal reconoce que la ley ha causado alarma social y no le extraña que haya quien "se eche las manos a la cabeza". Ante las críticas de Igualdad a los operadores jurídicos, la fiscal defiende que solo "se limitan a aplicar la ley".

Aparte de poner el consentimiento en el centro, lo positivo de esta ley, señala Raquel Álvarez, es que recoge la sumisión química y tiene en cuenta si se comete por parte de la pareja.

En cuanto a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que ha comenzado su cuarta semana, la fiscal alerta de sus consecuencias. El paro está agravando el atasco en los juzgados gallegos y da por hecho que tardarán meses en recuperarse. La paralización no afecta a los casos de violencia de género , que entran en los servicios mínimos, pero sí a otros ámbitos. Hasta el momento se han suspendido miles de actos judiciales; solo juicios, se han visto afectados más de 6.000 y los expedientes han quedado paralizados.