Sociedad

Procuradores, abogados y el juez decano piden diálogo para salvar una situación de consecuencias "incalculables"

Más de 1.000 juicios suspendidos en la provincia de A Coruña

A Coruña

Continúa la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. Hoy se cumplen 9 días del paro de la actividad judicial. Mañana se concentrarán en la plaza del Obradoiro en Santiago en demanda de la mejora de sus condiciones laborales. Han mantenido reuninones con el Colegio de procuradores, de abogados y también con el juez decano de A Coruña. Todos los órganos piden la colaboración de las partes para llegar a un acuerdo y cesar una situación de "consecuencias incalculables".

A principio de semana se concentraban en la entrada del edificio de los Juzgados en reivindicación de una salida negociada al conflicto. En la última semana han sido suspendidos en la provincia de A Coruña 1.000 juicios y para ésta prevén el aplazamiento de otros 1.200. El seguimiento de la huelga es de más de un 70%, según sus datos.

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El Consello de la Abogacía Gallega también pide que se dialogue de manera urgente.

Los procedimentos judiciales están paralizados desde el día 24 de enero, inicio de la huelga del colectivo. En la última semana han sido suspendidos en la provincia de A Coruña 1.000 juicios y para esta prevén el aplazamiento de otros 1.200.

Ante la falta de respuesta del Ministerio de Justicia, aseguran que están dispuestos a seguir con la medida de presión en demanda de cumplimiento del acuerdo con el Gobierno sobre mejoras en sus condiciones salariales. Los procedimientos judiciales están paralizados desde el día 24 de enero, inicio de la huelga del colectivo.

El acuerdo con el Ministerio data de abril pasado y supone su compromiso de una subida salarial en consonancia con el aumento de sus responsabilidades. Se han reunido con la junta de gobierno del Colegio de Abogados.

Esta entidad insta a las partes a buscar negociar para buscar una solución a un conflicto con consecuencias "incalculables". Advierte de que se pone en cuestión el derecho a la tutela judicial.

Los abogados piden que la suspensión de los juicios se comunique con suficiente antelación para ahorrar, al menos, en viajes innecesarios.

 
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