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Los inspectores de Trabajo, en huelga para exigir refuerzos en sus plantillas

La última actualización de su relación de puestos de trabajo se remonta a hace 20 años

José Juan Fernández, inspector de trabajo y delegado de la CIG

José Juan Fernández, inspector de trabajo y delegado de la CIG

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A Coruña

Inspectores de Trabajo están en huelga para exigir el refuerzo de sus plantillas. Denuncian que la sobrecarga de trabajo y la diversidad en la normativa les impide con tan poco personal resolver expedientes en el tiempo legal establecido, que es de medio año. Una situación que, afirman, repercute negativamente en la ciudadanía.

Urgen al Gobierno a adelantar sus planes de crear para toda España 600 plazas en la Inspección de Trabajo. La última actualización de la relación de puestos de trabajo se hizo hace dos décadas, según ha subrayado el inspector y delegado de la CIG, José Juan Fernández.

El colectivo sostiene que el año pasado quedó sin ejecutar, a nivel estatal, más del 20% del presupuesto previsto para la Inspección de Trabajo. En Galicia son 239 inspectores y, según los representantes sindicales, serían necesarios un 40% más. Han convocado una nueva jornada de huelga para el 23 de febrero. En la provincia de A Coruña hay 28 inspectores. Entre subinspectores y personal técnico y administrativo suman 67 trabajadores, una cifra que a juicio de los sindicatos es insuficiente para afrontar la carga de trabajo.

Inspectores de Trabajo se concentraban el lunes ante la sede del organismo en A Gaiteira en la primera movilización de la semana en demanda de más personal. En una convocatoria sindical unitaria, denuncian que la situación se traduce en expedientes que tardan en tramitarse hasta un año cuando el tiempo legal establecido es de seis meses. Una demora que ha afectado a cientos de trabajadores por la crisis económica derivada de la pandemia.

Los sindicatos reprochan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Hacienda y Función Pública "la falta de avances en el acuerdo firmado hace más de un año y medio, pese al deterioro de los servicios de inspección.

 
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