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Elude prisión el grupo criminal que operaba en Behobia

Las penas para estos 24 acusados oscilaban entre 18 y 26 meses, aunque el acuerdo con la Fiscalía hará que eviten la cárcel

Imagen de archivo de una patrulla de la Ertzaintza | Fuente: Radio Irun

Imagen de archivo de una patrulla de la Ertzaintza | Fuente: Radio Irun

Irun

Un total de 21 personas que iban a ser juzgadas a partir de este lunes en la Audiencia de Gipuzkoa acusadas de formar parte de un "grupo criminal" acusado de vender pequeñas cantidades de hachís y cocaína en la frontera de Irun (Gipuzkoa) han sido condenadas a penas de entre 18 y 26 meses de prisión.

La única mujer procesada en este caso ha sido condenada a diez meses de prisión, ya que la Fiscalía ha considerado que no formaba parte de la banda.

Inicialmente, la acusación estaba dirigida contra un total de 24 acusados aunque dos de ellos se encuentran en paradero desconocido y han sido declarados en rebeldía.

Estaba previsto que el juicio por estos hechos arrancara hoy en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde se iba a celebrar a lo largo de las seis próximas semanas.

Reconocimiento de los hechos

No obstante los letrados defensores han dedicado buena parte de la mañana a tratar con la Fiscalía un eventual reconocimiento de los hechos y una asunción de la condena a cambio de una rebaja en la solicitud de sus penas de prisión, acuerdo que finalmente se ha alcanzado tras una negociación que se ha prolongado durante casi cuatro horas.

La disminución de las condenas ha sido posible al acceder el Ministerio Público a aplicar a los procesados distintas atenuantes de dilaciones indebidas, reconocimiento de los hechos y toxicomanía, según los distintos casos.

Los procesados han sido condenados por integración en grupo criminal y todos ellos por delitos contra la salud pública, aunque las penas varían entre los 18 y los 26 meses de prisión en función de la gravedad de los delitos, teniendo en cuenta si habían vendido hachís o cocaína y si eran reincidentes o no.

Suspensión de la prisión

Además de las citadas penas de cárcel, los inculpados han sido condenados también a abonar distintas multas. No obstante, el tribunal les ha suspendido la obligación de ingresar en prisión con la condición de que no vuelvan a cometer delitos durante los próximos años.

El grupo, formado en su integridad por hombres de origen magrebí, se estructuraba, según la versión de la Fiscalía, "mediante la coordinación de sus miembros sobre la base de una organización funcionalmente flexible en relación con las distintas actividades precisas para el despliegue de su actividad ilegal".

Los imputados realizaban funciones tanto de "liderazgo", en "agrupaciones temporales que conformaban para asegurar la venta de la droga con impunidad", como de "suministro y transporte" de las sustancias.

A ello se añaden tareas de "aseguramiento de la transacción (aguadores) mediante la contra-vigilancia y alerta respecto de la actividad preventiva policial, tanto a media distancia desde posiciones estratégicas estables como a corta distancia e inmediata proximidad desde posiciones variables", así como de "contacto, negociación y fijación de las condiciones de la venta (captadores)" y "ejecutivas en relación con la venta final y entrega de la droga".

Zona de Behobia

Los miembros del grupo desarrollaban estas labores en la zona de Behobia "de forma coordinada desde estas posiciones de seguridad con el fin de eludir la actividad preventiva policial".

Los acusados "aprovechaban la escasa distancia de la frontera con Francia y la ausencia de controles fronterizos estables para lograr el acceso y salida rápida del área por ellos controlada de ciudadanos no residentes en España adquirientes de la droga tratando de asegurarse así la impunidad de su actuación delictiva".

El grupo, según la acusación pública, "hacía uso de los domicilios de sus integrantes y de inmuebles desocupados para almacenar las sustancias ilícitas, reunirse y para depositar temporalmente las dosis de droga y otros instrumentos relacionados con la actividad ilícita".

En su escrito de acusación, el fiscal menciona un registro realizado en una vivienda en octubre de 2014 en el que se hallaron, además de casi medio kilo de resina de cannabis, seis teléfonos móviles, una balanza de precisión y una picadora de cannabis, entre otros objetos. Además, en julio de 2015, la Policía halló en un jardín contiguo a un carril-bici 616 gramos de hachís y 12,34 de cocaína.

 
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