"Hubo trato de favor en el servicio de Urbanismo de San Javier a varios arquitectos en el 2002", según el juez

Cartagena

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier, en dos autos notificados este miércoles, 1 de diciembre, concluye la investigación de las dos primeras piezas del denominado caso 'Valhalla', abierto por una querella de la Fiscalía por corrupción urbanística en el municipio de San Javier, siendo alcalde José Hernández Sánchez.

Los hechos objeto de la primera pieza, la número 1 serían según el juez instructor, constitutivos de un delito de negociaciones prohibidas de funcionarios públicos, en concurso con un delito de asociación ilícita, cometido a través de la mercantil Gruparq 3 SL, así como por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias cometidos por el que fuera arquitecto municipal de San Javier, Javier M.A.B.J. respecto de los proyectos de Peinsa e Inmonova.

En concreto, el instructor señala a tres arquitectos, entonces con funciones en distintos municipios, entre ellos San Javier, que deciden crear una sociedad de arquitectura profesional que habría de gestionar los proyectos encargados a los tres de manera independiente. Y que, además "podría soslayar la eventual incompatibilidad, por razón del cargo de arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de San Javier de uno de ellos".

Según el relato de hechos recogidos en la resolución, "para dicho fin se sirvieron de sus esposas por razón de ser personas de la máxima confianza de cada uno de los arquitectos mencionados, si bien, no puede dejar de llamar la atención sobre el hecho de que las investigadas son personas sin cualificación técnica de Arquitectos o Ingenieros, actuando como meras figurantes en la trama concebida por sus esposos, siendo precisamente dichas investigadas las que crearon la sociedad Gruparq como adminitradoras mancomunadas, interponiendo así su personalidad tanto física como jurídica frente a la de sus respectivos esposos".

Las diligencias de investigación revelan, a juicio del instructor, que "los tres arquitectos funcionan como un verdadero despacho conjunto que, sin dicha sociedad interpuesta, se verían sometidos a la extensión de incompatibilidad de calquiera de sus miembros en sus respectivos términos municipales".

Y, además, " a través de las funciones municipales que realizaban creaban una suerte de expectativa positiva y favorable de la realización del proyecto y la celeridad en su tramitación en la medida que garantizaban a los clientes que los proyectos realizados por ellos y a través de Gruparq 3 SL se resolverían más rápidamente".

Esto dio lugar a que "la mayoría de los proyectos urbanísticos que pueden ser calificados como granes en el ámbito de San Javier fueran encomendados a dicho estudio", y los cifra en 13 sobre los 17, que se desarrollaron en los años de funcionamiento del citado estudio de arquitectos.

Entre otros está los planes parciales de El Recuerdo, Rotonda El Mirador, Roda Golf, Señoría de La Roda, Tierras Nuevas o el Mirador Sur.

También señala a 4 empresas de entre las promotoras y constructoras que contrataron con los tres arquitectos a través de Gruparq 3: Peinsa, Grupo Ladera, Grupo Martínez Esparza e Inmonova.

En un segundo auto, que cierra la instrucción de la segunda pieza del procedimiento, el instructor considera" indiciariamente acreditado" que el Servicio de Urbanismo de San Javier, gestionado por el alcalde José Hernández y dirigido por el arquitecto municipal M.A.B.J actuó en La Manga del Mar Menor " como si los polígonos fuesen simples solares urbanos" en vez de unidades de actuación que necesitan previa gestión y urbanización, permitiéndose que se edificase en terreno no edificable, al menos directamente, y con perjuicio para el Auyuntamiento, pues no percibía la parte del 10 por ciento de aprovechamiento que le corresponde según Ley". Hay informes municipales, reportajes fotográficos aéreos que figuran en el atestado de la Guardia Civil, también de la Demarcación de Costas, planos de la documentación incautada a Gruparq, conversaciones telefónicas intervenidas y varios faxes con las empresas relacionadas.

Queda por concluir una tercera pieza centrada en la actuación del entonces alcalde, para determinar si hubo abuso y prevalimiento del cargo público en su beneficio.