Un centenar de interinos se concentra en Alicante para exigir al Congreso el fin de la temporalidad
El Gobierno ha pactado que los interinos de las administraciones públicas con más de diez años ocupando una plaza no tendrán la necesidad de pasar una oposición
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Concentración este miércoles de trabajadores interinos ante la Subdelegación de Gobierno de Alicante / Cadena Ser
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Alicante
Este miércoles ha tenido lugar una vez más, una concentración en la que se han reunido alrededor de un centenar de internos frente a la Subdelegación de Gobierno. El colectivo ataca la propuesta del ministro de Función Pública, Miquel Iceta, sobre la temporalidad.
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Protestan, un día más, contra lo que consideran "un abuso" que sanciona a los propios trabajadores y que promueve la precarización. Piden la paralización del decreto y la apertura de un proceso de negociación que afecta más de 600.000 personas de varios sectores, especialmente enseñanza y sanidad.
"La modificación del Estatuto del Empleado Público afecta a personal interno que lleva trabajando décadas", asegura Ignasi Amorós, portavoz del STE-PV. Y lamenta que las diferentes administraciones, en lugar de consolidar la fijeza, pretendan reducir la temporalidad con procesos masivos de oposiciones y 'escasas' plazas.
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Ignasi Amorós: "Europa los ha sancionado"
La decisión del Gobierno frente al decreto ley
En respuesta, el Gobierno ha pactado que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.
Así lo ha avanzado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su defensa ante el pleno del Congreso del decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, que el Gobierno y el PSOE han negociado hasta el último momento con los grupos parlamentarios para lograr los apoyos suficientes.
En virtud de esa negociación, la norma también incluirá durante su tramitación como proyecto de ley que las comunidades autónomas puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino.