La Audiencia acoge la celebración de dos juicios: uno por apropiación indebida y otro por estafa
En ambos casos la Fiscalía solicita penas de cárcel para los acusados
Edificio provisional donde se ubica la Audiencia Provincial / Google Maps
Palencia
La Audiencia Provincial de Palencia acoge el lunes 19 la celebración de dos juicios, uno por estafa y el otro por apropiación indebida. En ambos casos la Fiscalía solicita penas de prisión para los acusados, en el primero dos años y en el segundo tres.
La Audiencia Provincial de Palencia acoge el juicio contra un hombre acusado de apropiación indebida por, presuntamente, apropiarse de 80.000 euros que su sobrino político había ingresado en una cuenta de la que ambos eran titulares. El fiscal pide para el acusado una pena de 3 años de cárcel, mientras que la acusación particular eleva esa petición a los 6 años de prisión.
Según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, el 20 de enero de 2012, el acusado y su sobrino político abrieron una cuenta bancaria en la que constaban ambos como titulares en una oficina bancaria de Vitoria. Según el escrito, el sobrino político ingresó en la cuenta un cheque por importe de 86.000 euros. Ese mismo día, el 14 de febrero de 2012, el acusado y su esposa abrieron una cuenta diferente en la misma sucursal bancaria.
El escrito de acusación del Ministerio Público continúa relatando que, presuntamente, en la misma jornada el acusado, sin consentimiento de su familiar y sin justificación alguna, presuntamente traspasó 80.000 euros de la cuenta de ambos a la que había abierto con su mujer. Además de los 3 años de cárcel, el Fiscal pide la indemnización correspondiente por un delito de apropiación indebida y una multa de nueve meses con cuota de 6 euros diarios.
El otro juicio, que se suspendió el pasado mes de mayo por la incomparecencia de la letrada de la defensa, de baja maternal, es contra un hombre acusado de estafa por, presuntamente, vender 50 derechos de la Política Agraria Comunitaria, PAC, siendo consciente de que dichos derechos estaban embargados.
Tanto el Fiscal como la acusación particular consideran en sendos escritos de acusación que el acusado sabía perfectamente que los derechos de la PAC que estaba vendiendo en marzo de 2013 estaban embargados por orden judicial. En su escrito de conclusiones provisionales el Fiscal pide para el acusado dos años de cárcel, además de la devolución del dinero. La acusación particular eleva la petición de pena a cuatro años de cárcel, ocho meses de multa y 30.000 euros de indemnización.
