Alonso y Maroto piden anular su condena

Vitoria

Los dirigentes del PP Alfonso Alonso y Javier Maroto han pedido la anulación de la sentencia del Tribunal de Cuentas que les condenó a pagar casi 400.000 euros por firmar en 2007 un alquiler gravoso en Vitoria al considerar que "no queda acreditada la responsabilidad contable" que se les imputa.

El ministro de Sanidad en funciones y exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso y el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, además del resto de miembros del gobierno municipal que entre 2003 y 2007 dirigían el consistorio vitoriano han presentado este lunes en el Tribunal de Cuentas un recurso de apelación contra la sentencia que el pasado mayo les condenó al pago de 393.862 euros por un contrato de alquiler para unas oficinas municipales en la calle San Antonio de la capital alavesa.

El citado tribunal estimó que los nueve acusados cometieron una "negligencia grave" y son responsables contables directos de haber ocasionado un "perjuicio" a los fondos públicos municipales por este alquiler claramente ventajoso pactado con un conocido empresario de la capital alavesa, Gonzalo Antón.

En su fallo, el Tribunal de Cuentas esgrime un informe técnico municipal que recomendó fijar el alquiler en 10.168 euros más IVA al mes y que desoyeron Alonso y Maroto. Finalmente se cerró una renta mensual de 12.500 euros más IVA con actualizaciones por encima del IPC al tiempo que el Ayuntamiento asumía los gastos de la comunidad, el IBI y basuras, y una cláusula de blindaje por 20 años.

Aunque el Tribunal admite que el informe técnico no era vinculante, decidió sancionar todas estas concesiones al empresario por suponer para el Ayuntamiento "cláusulas de peor condición" sin una "justificación adecuada y suficiente".

Según ha explicado el PP alavés en una nota de prensa, dicho informe "no es una tasación oficial, sino meramente orientativo del mercado de alquiler" y recuerda que la renta recomendada se calculó a partir de algunas lojas "cuyo precio medio por metro cuadrado era superior al que finalmente se acordó pagar" por las oficinas de San Antonio.

Finalmente los recurrentes aseguran en su defensa que "nunca hubo reparo a lo largo de estos años por parte del interventor, ni de la secretaria general del Ayuntamiento de Vitoria".