Cláusulas sociales de la Junta contra la precariedad y para impulsar pymes
María Murillo, secretaria general de Hacienda, asegura que "se eliminará la precariedad en el sector público” al tiempo que “se promueve la contratación pública de pymes”
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María Murillo, a la derecha, junto a la consejera Pilar Blanco / Juntaex
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Cáceres
El gobierno regional, a través de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, órgano consultivo y de coordinación para las contrataciones de la Junta de Extremadura, ha iniciado el proceso de incorporación de criterios sociales y ambientales en los procesos de contratación pública.
Es decir, en los concursos públicos se introducirán parámetros que midan la responsabilidad corporativa de la empresa que opta a un concurso, los contratos que realiza a sus empleados, las condiciones laborales o sus vínculos con la región, entre otros aspectos. Esta es una de las 60 medidas de la “Agenda del Cambio” fijadas por el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara.
María Murillo, secretaria general de Hacienda, asegura que de este modo “se eliminará la precariedad en el sector público” al tiempo que “se promueve la contratación pública de pymes”.
Valoración empresarial
Desde distintas organizaciones empresariales consultadas por la SER ven favorable el gesto para equilibrar las opciones que tiene una pyme frente a una gran empresa.
Javier Pérez, desde la Asociación Extremeña de Trabajadores Autónomos, AEXTA propone que en contratos menores se prime la contratación de autónomos. Por ejemplo, señala, “en contratos de obras o servicios de menos de 30.000 euros de presupuesto, se debería priorizar a los autónomos”.
Competir en estructura o facturación económica con grandes empresas es complicado para las pymes, pero no en otros ítems que ahora se incluirán en los concursos. Así lo entiende el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, AJEX, Carlos Rodríguez, que apuesta por valor aspectos como “la responsabilidad social corporativa, la reinversión en el territorio, la innovación o la tecnología aplicada”.
La presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, Raquel de Prado, defiende que sería interesante que las administraciones valoren “a las empresas domiciliadas en Extremadura” y que se facilite el trabajo a los pequeños empresarios “con plazos más asequibles, más información y garantizando el pago de los servicios prestados”, puntualiza.
Uno de los primeros ejemplos de contrato con cláusulas sociales será el de la limpieza de los centros hospitalarios como ha avanzado el Consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien ha denunciado las prácticas del gobierno de José Antonio Monago en la pasada legislatura, “cuando se concedían los servicios al mejor postor”, lo que repercute según Vergeles “tanto en el material disponible como en las condiciones laborales de los trabajadores”, añade.
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Paula Almonacid
Licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca. Se incorporó al equipo de SER Extremadura...