¿Fraude o estafa?

Valencia

La Cadena Ser ha tenido acceso al sumario, hasta hace bien poco secreto, del Caso Aido, el del supuesto fraude y malversación de subvenciones, que ha provocado la imputación de la que fuera cúpula de ese instituto tecnológico que no habría justificado de forma adecuada al menos 32 millones de euros en ayudas europeas. Según la información a la que ha tenido acceso la Ser, la actual Generalitat, personada a través de la abogacía en el caso, no está colaborando. No está facilitando detalles para la investigación y la fiscalía ya valora solicitar esos detalles por escrito.

Preguntado por este particular el president Puig afirmaba que ha dado orden de que la colaboración sea total. Otras fuentes del Consell han indicado a la Ser que atenderán cualquier petición de documentación para aclarar cualquier aspecto de la investigación en la que, subrayan, están personados como acusación.

Detalles que tienen que ver, básicamente, con la declaración de un responsable del IVACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, que aseguró (en calidad de testigo) que la Generalitat "descertificó" (es el término técnico) 32 millones de euros de ayudas europeas a AIDO porque no estaban justificadas y para evitar que la Unión Europea cesara toda subvención.

Esa "descertificación" es la que la Generalitat no aporta ni acredita a pesar del testimonio de ese alto cargo del IVACE. Y mientras de la investigación policial se desprenden detalles que pueden poner en entredicho la labor no ya del desaparecido Instituto de Óptica, de AIDO, sino de todos los institutos tecnológicos.

Los investigadores, según la información de fuentes jurídicas a la que ha tenido acceso la Ser, han llegado a la conclusión de que "ni por años, ni por proyectos" puede justificarse el dinero europeo recibido por AIDO. Y es por eso, por la tecnología que supuestamente aportaba este instituto tecnológico, por lo que recibía ayudas de la Unión Europea.

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QUÉ HAN ENCONTRADO LOS INVESTIGADORES

Un montón de documentos que acreditan que los partes que reflejan las horas supuestamente dedicadas a la investigación y elaboración de los proyectos fueron manipuladas. También facturas e informes simulados. Tal es el volumen de supuestas irregularidades que podríamos estar hablando, más allá de fraude de subvenciones, de una estafa.

El sistema era el siguiente. La Generalitat, a través del IVACE, adelantaba los fondos y la Unión Europea pagaba cuando recibía las certificaciones de que el trabajo se había realizado. Y esas certificaciones son las que presentan numerosas irregularidades.

UN ASUNTO FEO

La Cadena Ser les viene contando los detalles de este caso que tiene muchos flecos. Suculentas jubilaciones pagadas religiosamente mientras se llevaba adelante un ERE (el subdirector de AIDO José María Guijarro se llevó 170.000 euros); despidos pactados, como el del ex director Emilio Pérez que llegó a estar detenido y que él mismo fijó su despido en 70.000 euros; esos mismos directivos percibieron sueldos muy jugosos y gozaron de coches de alta gama pagados con dinero público...

La denuncia de supuestas irregularidades la realizó el propio Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial tras abandonar el Consejo Rector de AIDO por desavenencias con sus directivos e incluso por problemas personales que denunció el presidente de AIDO Arturo Ros en la Ser. Ros afirmó que el despido de una empleada, esposa de un directivo del IVACE, fue el detonante no ya de la denuncia sino de la voladura de ese instituto que cerró sus puertas hace apenas unos meses.