Los gobiernos valenciano y manchego, enfrentados
El gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido la paralización inmediata del trasvase Tajo-Segura porque el río está por debajo del nivel mínimo permitido para desembalsar. El Consell pide calma
Valencia
El ejecutivo de Castilla-La Mancha ha pedido la paralización inmediata de los trasvases del río Tajo al Segura. El cambio en el mapa político tras las elecciones autonómicas de mayo y la escasez de agua en el rió Tajo han llevado al presidente manchego, el socialista Emiliano García-Page, a tomar esta decisión y a reabrir una nueva "guerra del agua".
El gobierno valenciano, por su parte, insiste en pedir calma y dejar a los técnicos trabajar después de que se haya reabierto la guerra del agua en torno a trasvase del Tajo- Segura.
La titular de Medioambiente, Elena Cebrián, afirma que son conscientes de que la situación en la cabecera del Tajo es complicada porque se acumulan dos años de sequías y, además, estamos en un verano muy seco. Sin embargo, añade que debe ser una comisión técnica quien tome las decisiones según el documento firmado. Un documento en el que, recuerda, se fijó que en 2015, de manera transitoria, el volumen mínimo para seguir trasvasando era de 305 hectómetros cúbicos.
Sobre las declaraciones de su homóloga manchega, Elena de la Cruz, de acudir a los tribunales, Cebrián las califica de “declaraciones mediáticas” y asegura que no favorecen el clima de diálogo necesario. Por otro lado, Cebrián se muestra partidaria de explorar medidas alternativas de abastecimiento como las desaladoras, porque el escenario climatológico que se avecina indica que hay que pensar soluciones de futuro.
Sin embargo, no parece que esto vaya a contentar a los regantes alicantinos, quienes se muestran indignados por lo que consideran un juego electoral que califican de "canalla". Afirman que esta paralización supondría un incumplimiento flagrante de la ley y que no se puede reabrir la batalla del agua justo en un periodo de sequía, cuando más se necesita.
La polémica
El 27 de julio el gobierno central autorizó un trasvase de 20 hectómetros cúbicos desde la cabecera del rió Tajo hacia la zona del Levante, un trasvase con el que el presidente manchego nunca ha estado de acuerdo. Desde su gobierno señalan que la cabecera del río está por debajo del límite marcado para desembalsar, fijado en 400 hectómetros cúbicos en el acuerdo que se firmó en 2013 entre los gobiernos autonómicos afectados y con el que el conflicto parecía quedar cerrado. En aquel momento, todas las comunidades autónomas implicadas estaban en manos del PP, pero ahora, con el cambio político y la llegada del PSOE, la situación ha dado un vuelco.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Elena de la Cruz trasvase tajo-segura
La consejera de fomento de Castilla la Mancha, Elena de la Cruz, insiste en que el trasvase es inviable porque no garantiza el desarrollo de la región manchega y asegura que, si no cesa, tomarán medidas legales.
Mientras, desde los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía denuncian que los pantanos han bajado ya de esa linea roja de 400 hectómetros cúbicos por debajo de la cual no se puede trasvasar y por ello piden que se pare inmediatamente el trasvase.
Por su parte, en el Ministerio de Agricultura señalan que esos 400 hectómetros cúbicos que se pactaron tenían un periodo de transición de cinco años y que, por tanto, en 2015 la cantidad mínima para desembalsar son 304 hectómetros.
El PP exige el trasvase
En el PP valenciano, el presidente del partido en Alicante, José Císcar, piden al Consell de Ximo Puig contundencia a la hora de defender el trasvase Tajo Segura y, de esta forma, los intereses de los regantes alicantinos.
Por su parte, la presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, acusa a la izquierda de reabrir la guerra del agua y por ello insta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a que defienda el trasvase porque "es fundamental para los valencianos".
Bonig aplaude la llamada a la calma de la consellera de medio ambiente, Elena Cebrián, pero insiste en que espera que el gobierno valenciano respete el pacto acordado.
