Procesados por tráfico de órganos
Cuatro de los cinco detenidos hace un año por intentar comprar un hígado se enfrentan al juicio
El receptor del órgano, a la izquierda, junto a su médico, y su hijo, que fue finalmente quien donó el órgano
Valencia
El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha procesado a cuatro de los cinco detenidos en 2014 en el primer caso de compraventa de órganos abortado en España, por ofrecer a nueve inmigrantes hasta 40.000 euros a cambio de parte de su hígado, que se iba a trasplantar a un ciudadano libanés.
Este último era, en el momento de su detención, alcalde en una ciudad del Líbano, tenía 61 años y padecía una grave enfermedad hepática.
Según informó entonces la Policía y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el citado ciudadano libanés, identificado en el auto de procesamiento hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano como Hatem Akouch, actuó en connivencia con cuatro ciudadanos más, dos de origen palestino y dos del Líbano, todos residentes en España.
Los cinco fueron detenidos en la Comunitat Valenciana y quedaron posteriormente en libertad, tres de ellos imputados por un delito de tráfico ilegal de órganos.
Fue una denuncia de una ONG de ayudas a inmigrantes la que inició las pesquisas policiales en junio de 2013, en la que se informaba a la Policía de que una mujer, una ciudadana argelina de 28 años y en situación irregular, les había confesado que le habían ofrecido una suma importante de dinero a cambio de una parte de su hígado.
La mujer incluso llegó a hacerse todas las pruebas en una clínica -de Valencia, según el auto- costeadas por el receptor, aunque finalmente fue descartada al descubrir que estaba embarazada y, por tanto, no podía someterse a ninguna operación.
Como ella, otros ocho inmigrantes habían sido captados por el ciudadano libanés en connivencia con cuatro personas más.
Los nueve inmigrantes, siete de ellos en situación en irregular, se hicieron las pruebas en una clínica privada (resonancias abdominales, TAC o volumetrías hepáticas) cuyo importe total, unos 12.000 euros, fue facturado a una empresa radicada en Alicante, Intermarmor SL, propiedad de dos de los detenidos, uno de ellos primo del alcalde libanés.
Acudían a esta clínica mediante el subterfugio y la excusa de los intermediarios, que les hacían pasar las pruebas como turistas que venían a España a hacerse determinados análisis médicos, informó la Policía el año pasado.
Si bien se señaló entonces que uno de los posibles donantes, un ciudadano rumano, superó los análisis y llegó al hospital Clínico de Barcelona donde se practicaría la operación, aunque antes debía someterse a los controles propios del sistema de trasplantes, el auto conocido hoy -y avanzado por el diario Las Provincias- señala que se trataba de la Clínica Universitaria de Navarra.
La comisión de ética de este centro rechazó el trasplante "al sospechar de la existencia de incentivos", remarca el auto de procesamiento, fechado el pasado día 2.
Según la Policía, el ciudadano libanés finalmente fue operado en agosto pero el donante fue su hijo.
El juez procesa ahora a cuatro de los cinco detenidos por un delito de tráfico ilegal de órganos y otro de trata de seres humanos, al hallar indicios racionales de criminalidad contra ellos, mientras que sobre el quinto detenido, que trabajaba en la empresa alicantina implicada, propone su sobreseimiento provisional.
