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Trasvase Tajo-Segura

La Diputación de Alicante pedirá al Supremo que se suspenda el caudal ecológico del Tajo desde su primer incremento

El recurso contencioso estima que la primera subida del caudal generará ya daños irreversibles, como una pérdida de actividad económica de 84,9 millones de euros o la destrucción de más de 2.400 puestos de trabajo

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La Diputación de Alicante interpondrá formalmente mañana su recurso contencioso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que aprueba el Plan del Tajo.

También solicitará como medida cautelar la suspensión del aumento del caudal ecológico desde su primer incremento a 7 metros cúbicos por segundo, alegando "los daños irreparables e inmediatos sobre la economía y el medioambiente de la provincia de Alicante".

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha presentado este lunes los detalles de este recurso contra el recorte del trasvase, asegurando que "no tiene sentido" el recurso de la Generalitat, que pide las cautelares respecto a 2026, cuando el Decreto entre en vigor.

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A su juicio, la decisión de subir un metro cúbico el caudal ecológico, de 6 a 7 metros cúbicos, "está generando ya un perjuicio económico, social, medioambiental e hidrológico", y da cifras: una pérdida de actividad económica de 84,9 millones de euros, la destrucción de más de 2.400 puestos de trabajo en todos los sectores, el avance de la desertificación y la deslocalización de empresas.

Daños, dice, que no podrán compensarse con subvenciones, y que son fruto del "teatrillo de Ximo Puig" con sus compañeros del PSPV.

Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante: "Los daños al trasvase Tajo-Segura son ya irreparables con la primera subida de caudal"

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Y añade que el no haber coordinado la defensa jurídica del trasvase con la Generalitat, va a "condicionar negativamente" la decisión de Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar.

Algo en lo que coincide el director del Instituto del Agua de la UA, Andrés Molina, uno de los autores de los informes del recurso, quien opina que una vez se desestima una cautelar, es muy difícil que el tribunal en recursos sucesivos estime la suspensión”. Duda en este sentido este experto de Derecho Administrativo que se puedan acumular en uno solo, los distintos recursos interpuestos por la Generalitat, la Diputación de Alicante y Murcia.

El contencioso-administrativo viene acompañado también del coste energético y medioambiental de sustituir el agua del trasvase por agua desalada, lo que se traducirá según Mazón, en un aumento de las tarifas del agua, no solo para riego, sino también para el abastecimiento urbano, afirma.

Sonia Martín

Sonia Martín

Cubro información local en sus variadas secciones de Alicante y comarca. Licenciada en Ciencias de la...

 
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