El juez archiva de forma provisional la causa contra 26 empresarios investigados en el caso Subdelegación de Castellón

El juez ha archivado, de forma provisional, la causa contra 26 empresarios investigados en el caso Subdelegación de Castellón. Un caso que trata de esclarecer un presunto fraude de un millón de euros y en el que siguen imputados dos funcionarios de la institución, así como los dos últimos ex subdelegados en una pieza separada.

Según ha podido saber Radio Castellón Cadena SER, el juez Enrique Marí, del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, ha dictado el “sobreseimiento provisional” contra 23 personas, responsables de empresas y comercios de Castellón, que ejercían de proveedores de la Subdelegación del Gobierno. Según el auto, “no se aprecia temeridad ni mala fe en la actuación procesal de ninguna de las partes personadas”. Fiscalía tiene tres días de plazo para recurrir contra la decisión del magistrado.

El juzgado investiga desde 2017 un presunto fraude de un millón de euros en la Subdelegación en facturas presuntamente falsas y posibles delitos de falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación. En el caso permanecen imputados dos de los funcionarios de la institución, entre ellos el principal investigado, así como dos exsubdelegados del Gobierno, David Barelles, del Partido Popular, y Antonio Lorenzo, del PSOE, cuya instrucción está en una pieza separada.

Según publica el auto, los hechos analizados se centran en una década, entre 2007 y 2017, periodo en el que presuntamente los dos trabajadores de la institución, al parecer “idearon de común acuerdo entre sí y en connivencia con otras personas, con ánimo de lucro, una trama para desviar hacia su patrimonio o de otras personas, fondos públicos de la Subdelegación”. Supuestamente, según el auto, se valían de “facturas falsas por servicios no prestados” a la institución.

Entre los documentos analizados por el juzgado, destacan los expedientes de anticipo de las cajas fijas de la Subdelegación del Gobierno de Castellón, además de toda la documentación de los expedientes económicos de los nueve procesos electorales, que se celebraron entre 2007 y 2016.