Almassora

Los inquilinos de un edificio de Almassora denuncian que fueron estafados por una constructora en quiebra y ahora son amenazados con ser desahuciados por la SAREB, el conocido como 'banco malo'. Para denunciar su situación, las familias afectadas no descartan realizar movilizaciones y exigir responsabilidad a unas instituciones que hasta ahora, dicen en un comunicado, se han lavado las manos.

En enero de 2021, unas 40 familias de Almazora comparecieron en el juicio por el cual la SAREB, conocido como el banco malo, se adjudicaba el inmueble en el cual residían como inquilinos de PROCASBIER PROMOTORA S.L.

En dicho proceso judicial, las familias afectadas descubrieron, para su sorpresa, que los contratos de alquiler (firmados entre 2013 y 2019) no fueron registrados en el Registro de la Propiedad, haciéndolos nulos a efectos legales. Es decir, según los afectados, fueron estafados por la constructora, la cual habría estado cobrándoles “en negro” sin que ellos lo supieran, como se atestigua en el juicio celebrado en 2021.

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En un comunicado, los afectados aseguran que, la justicia determinó que su ocupación de las viviendas hasta aquel entonces había sido legítima, debido a que el total de las irregularidades habían sido cometidas por la parte arrendadora. Sin embargo, con la adjudicación del inmueble al conocido como “banco malo”, se sentenció una fecha límite a partir de la cuál los inquilinos deberían abandonar el inmueble de no llegar a un acuerdo con el nuevo propietario.

Desde entonces, los vecinos han tratado de contactar con SAREB S.A. para solucionar su vulnerable situación y firmar nuevos contratos. No obstante, la única respuesta que han recibido durante más de un año han sido amenazas, acoso y mentiras por parte del banco.

A través de sus inmobiliarias y gestoras subcontratadas, los vecinos han recibido todo tipo de visitas y llamadas de “asesores” y “mediadores” dándoles información contradictoria, pidiéndoles su información personal y prometiéndoles una solución.

No obstante, también han recibido todo tipo de cartas amenazantes de inmobiliarias como HAYA o Servihabitat exigiendo deudas desorbitadas de entre 8.000 y 10.000 euros con plazos de 15 días. A pesar de dichas amenazas, ninguno de los teléfonos o correos de contacto respondía a las llamadas de los vecinos para entender a qué se debían dichas exigencias.

Según insisten en un comunido los afectados, a pesar de dicho calvario, una cuarta parte de los vecinos que residía legítimamente, en el inmueble de Almazora antes del juicio de 2021 sigue haciéndolo.

Por miedo a un nuevo abandono y para denunciar su situación, las familias afectadas no descartan realizar movilizaciones en su localidad para denunciar su caso y exigir responsabilidad a unas instituciones que hasta ahora se han lavado las manos con su terrible situación, como es el caso de su Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Almassora

Fuentes del Ayuntamiento de Almassora han señalado a Radio Castellón que han trasladado los expedientes a Servicios Sociales para las personas que pudieran necesitar ayudas de emergencia. Por otro lado, han remitido a las víctimas de la estafa al servicio de justicia gratuita que presta el Ayuntamiento semanalmente.

Además, semanas atrás contactaron con la gestora que intermedia con la Sareb para canalizar cada caso e informarles de que la Sareb no puede darles tratamiento de 'okupas' porque ellos pagaron sus cuotas.