Sociedad

El CGPJ aprueba medidas para evitar descoordinación entre juzgados de violencia sobre la mujer y de familia

La medida tiene su origen en el caso del hombre de Sueca que mató a su hijo y que tenía una orden de alejamiento sobre su exmujer

Concentración de condena y repulsa por el asesinato de un niño de 11 años a manos de su padre ayer domingo en la localidad de Sueca / Natxo Francés EFE

València

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles una propuesta de la vocal y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, para lograr una coordinación "eficaz" entre los juzgados del orden penal con competencias en violencia sobre la mujer y los juzgados de primera instancia que tramitan procedimientos de familia.

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La propuesta de Carmona, que se basa en un informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ a raíz de un caso ocurrido este año en la localidad valenciana de Sueca, pretende "establecer un cauce de comunicación estable" que permita a los órganos con competencias en materia de familia acceder a las resoluciones dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer cuando un presunto agresor y víctima están a su vez en trámites de separación. En el caso de Sueca, un hombre con orden de alejamiento en vigor de su mujer, mató a su hijo de once años que se encontraba con él en cumplimiento del régimen de visitas que dictó un juez de familia, pese a existir una denuncia por maltrato.

Ante este caso, la Comisión Permanente del CGPJ ha acordado comunicar a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia la necesidad de promover que todos los juzgados del orden civil con competencia en materia de familia soliciten al Ministerio de Justicia el acceso o la activación del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) para poder consultar, antes de resolver sobre una disolución matrimonial, si existen procedimientos penales de violencia machista, sentencias condenatorias o medidas cautelares que puedan afectar al proceso de separación o divorcio en curso.

Igualmente, se solicitará al Ministerio de Justicia que estudie la posibilidad de que el SIRAJ disponga de un sistema de alertas que avise a los juzgados de familia de forma inmediata y automática de la existencia de resoluciones penales que afecten al proceso civil sin necesidad de realizar consultas sucesivas y reiteradas.

Protocolo de actuación

Se propone elaborar un protocolo de actuación y coordinación entre juzgados civiles con competencias en materia de familia y juzgados penales con competencia en materia de violencia sobre la mujer. Dicho protocolo debe establecer la forma de acceso a la información contenida en el SIRAJ, así como cuál debe ser su tratamiento y utilización en los procedimientos de separación y divorcio.

Asimismo, se comunicará al Ministerio de Justicia, comunidades autónomas con competencias transferidas y al Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE) la necesidad mecanismos que permitan la plena interconexión digital entre los órganos judiciales, así como un "acceso ágil" de los juzgados del orden civil al contenido de las resoluciones penales.

Otro de los acuerdos consiste en comunicar al Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE) la conveniencia de establecer un modelo de comunicación en los sistemas de gestión procesal que haga posible que los juzgados de familia tengan conocimiento de las resoluciones penales que puedan afectarles y, a su vez, que los órganos penales tengan conocimiento de la incoación de un proceso civil en el que sean parte el investigado y la víctima.

Asimismo, se pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la necesidad de reforzar su labor de coordinación entre los juzgados de familia y los órganos penales con competencia en materia de violencia sobre la mujer con el fin de que unos y otros puedan conocer con inmediatez las resoluciones que afecten a los procedimientos en curso.

Igualmente, se insta al Ministerio de Justicia a que promueva una reforma legislativa dirigida a establecer que, recibida la demanda de disolución matrimonial o relativa a la situación de menores, los órganos judiciales lleven a cabo la correspondiente consulta al SIRAJ antes de dictar cualquier resolución. "Dicha reforma debería establecer también la necesidad de que la Fiscalía realice la correspondiente consulta al SIRAJ antes de emitir su informe con el fin de comprobar si existen sentencias condenatorias o medidas cautelares del ámbito penal que puedan afectar al procedimiento civil".

Además estas recomendaciones, el Observatorio ha planteado que los órganos judiciales soliciten, a través del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial, el acceso a la base de datos de VioGén del Ministerio de Interior, donde queda registrada toda la información relevante sobre la víctima.

 
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