El Ayuntamiento de Pinto recupera el estadio Amelia del Castillo por mandato judicial

“La intención del Ayuntamiento es que el Atlético Pinto siga jugando en el estadio Amelia del Castillo, pero en las mismas condiciones que el resto de clubes del municipio”. El alcalde de Pinto, Diego Ortiz, ha asegurado que “ya se han acabado” los problemas de los últimos años con la actual directiva tras la sentencia del Juzgado de los Contencioso- Administrativo nº11 de Madrid, en la que el Gobierno local solicitaba judicialmente la entrada de sus técnicos en esta instalación municipal. La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, obliga a la directiva a permitir la entrada al Ayuntamiento para que se ejecute el “Desahucio Administrativo” del Club Atlético Pinto, que tendrá que solicitar de nuevo el uso de las instalaciones. Ortiz ha indicado que dicha autorización está ya “preparada para otorgarla de manera inmediata”, pero asegura estar “sorprendido” por haber tenido que acudir a los tribunales “para demostrar que el estadio municipal es municipal”. El alcalde de Pinto añade que “la directiva defendía que era un estadio de su propiedad, pero jamás lo ha sido, como consta en el catálogo municipal y el catastro”. Diego Ortiz ha recordado que el Ayuntamiento ha seguido pagando suministros como la luz, calefacción, el agua o seguros del estadio durante los últimos años, pero la directiva impedía el acceso para realizar tareas como las inspecciones de sanidad, y llegó a abrir “una guerra judicial” con demandas por prevaricación y malversación contra los ediles de Deportes y Patrimonio cuando trataron de “regularizar” la situación del estadio respecto a todos los clubes. La sentencia recoge que la entrada “deberá llevarse a efecto en el plazo máximo de tres meses” y “pudiendo, en su caso, recabar al efecto el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad competentes”. Finalmente Diego Ortiz ha pedido al Partido Popular “que rectifique y pida disculpas” por su “escarnio político” contra los concejales del Equipo de Gobierno y los técnicos municipales, “haciéndose fotos” con la dirección del club y pidiendo comparecencias públicas, cuando el Gobierno local solo “defendía el patrimonio municipal” y los “intereses generales de esta ciudad”.