La burocracia deja sin ayuda económica a los refugiados ucranianos

Madrid

Entre el 11 de marzo y el pasado 28 de septiembre, en España se han registrado más de 145.000 refugiados ucranianos, según datos del Ministerio del Interior. Más de 21.000 de ellos lo hicieron en la Comunidad de Madrid. El pasado uno de agosto, el Consejo de Ministros aprobó una prestación de 400 euros mensuales por familia y 100 euros adicionales por cada hijo para aquellos refugiados que no se encuentren dentro del sistema de acogida del Ministerio de Inclusión.

Un sistema dentro del que se sitúan alrededor de 20.000 refugiados de todo el país y que tienen garantizado el alojamiento y la manutención en albergues, hoteles o incluso residencias de ancianos. Con estos datos, el ministro Escrivá calculó que unas 40.000 personas en toda España podrían aspirar a recibir esta ayuda: aquellos que están en casas de acogida, de un familiar o han podido alquilar una vivienda.

El problema reside en el complejo mecanismo burocrático que está ralentizando su puesta en marcha. Se trata de un sistema de reparto de prestaciones que, como reconocen a la Cadena SER desde Inclusión, es la primera vez que se utiliza. Así, el BOE publicó el pasado 2 de agosto un Real Decreto mediante el que se aprobaban las subvenciones para que las autonomías financiaran estas ayudas. En total, 52.800.000 euros, de los que a Madrid le corresponden casi seis millones de euros.

A partir de ahí, se abrió un plazo en el que las comunidades autónomas debían solicitar los fondos, un plazo que finalizó el miércoles pasado, cuando la última autonomía solicitó la subvención. Desde el ministerio aseguran a la Cadena SER que actualmente se encuentran estudiando las solicitudes y esperan poder aprobarlas durante esta semana.

Una vez se haya dado luz verde a las peticiones de las comunidades, comienza un plazo máximo de 1 mes para ingresar los fondos a las autonomías. Así, según el calendario del propio Gobierno, si apuraran el mes entero, las ayudas no llegarían al bolsillo de los refugiados ucranianos hasta, al menos, la segunda semana de noviembre; tres meses después de aprobarse y ocho después de que los primero refugiados llegaran a España.

"Mi marido, mis dos hijas y yo vivimos con 200 euros. No tenemos ni para comer"

Luva llegó a España desde Odesa el 11 de marzo junto a su marido y sus dos hijas, Diana y Sofía, de 7 y 5 años. En conversación con la Cadena SER, Luva cuenta que salieron de Ucrania tras los primeros ataques a Odesa, después de que bombardearan un edificio junto a su casa. Al principio, no tenía muy claro si escapar de la guerra, porque creían que su marido tendría que quedarse a pelear en el frente. La fortuna esbozó una media sonrisa y, dado que su marido estaba enfermo, pudieron salir de Ucrania.

Cuando llegaron a España, tras un periplo por Europa, recibieron ayuda de Cruz Roja para hospedarse en un hotel, entrando a formar parte del sistema de acogida del Ministerio de Inclusión. Tras pasar unos meses allí, hace apenas un mes el marido de Luva encontró trabajo -según datos del ministerio de mayo, como otros 3.000 refugiados-, y se marcharon del hotel.

Sin embargo, los problemas continuaron y actualmente tienen graves carencias. Pagan más de 900 euros entre alquiler y gastos por un piso de 40 metros en el madrileño barrio de Vallecas para ella, su marido y sus hijas. 900 euros que tienen que afrontar con el salario que su marido gana como soldador: apenas 1.100 euros.

Restando el alquiler, Luva y su familia se quedan con apenas 200 euros para alimentarse, comprar ropa, pagar el transporte, la peluquería, medicinas... Una cantidad que ascendería considerablemente, hasta los 800 euros, en el caso de recibir la prestación en la que trabaja Inclusión.