Afectados por Corrugados preparan nuevas movilizaciones en plena revisión de la autorización ambiental

Getafe

La Plataforma de Afectados por las emisiones de la acería de Corrugados en Getafe anuncia que están preparando nuevas movilizaciones para exigir que la revisión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que la Comunidad de Madrid realiza en estos momentos, se endurezca. Quieren condiciones más estrictas para acabar con las emisiones de humos y ruidos que hacen la vida imposible a las viviendas de los barios de Juan de la Cierva y Los Molinos, situadas en las proximidades.

El pasado viernes el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba que se sometía a información pública para presentación de alegaciones, la documentación relativa a la revisión de la AAI de esta empresa, en concreto, la que hacer referencia a la actividad de la fabricación de barras corrugadas de acero, con valoración de residuos no peligrosos.

La Plataforma subraya que desde hace años las irregularidades “por parte de la fundición son innumerables”, a pesar de las inspecciones rutinarias que se han venido haciendo, y lamentan que “lejos de tomar medidas cautelares”, el gobierno regional se descuelgue con “una nueva revisión de la Autorización Ambiental Integrada” en la que “Corrugados pretende obtener una moratoria de otros dos años para llevar a cabo las medidas que deberían estar ya ejecutadas”, según Europa Press.

Sobre esta moratoria también se ha pronunciado en contra la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, quien ha asegurado en SER Madrid que no se puede permitir “que se esté pensando en dar otros dos años a Corrugados en las mismas condiciones”. Insiste, además, sobre la falta de competencias del Ayuntamiento para acabar con este problema, que es “responsabilidad regional”.

Una postura municipal que no comparten los vecinos, a quienes les sorprende que conociendo los datos, el Consistorio haya dado el visto bueno a una promoción de 700 viviendas, equipamientos sociales y educativos en las proximidades de Corrugados. Para ellos, actúa “como si el problema no existiese, inhibiéndose de cualquier responsabilidad sobre la situación que se viene padeciendo desde hace años”, según indican desde la Plataforma. Sin embargo, fuentes municipales precisan que se trata de una promoción privada, no pública, por lo que el Ayuntamiento "se ha limitado a autorizar, tal y como contempla la ley". porque de no hacerlo estaría cometiendo prevaricación, afirman. Y son tajantes a la hora de decir que quien puede evitar la construcción en esa zona próxima a la acería sería la Comunidad de Madrid y la consejería de Medio Ambiente.