A juicio exalcaldes de Valdemoro y Ciempozuelos por los contratos a Waiter Music de la Púnica

Fuenlabrada / Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado apertura de juicio oral para los implicados en una de las piezas de la trama Púnica, la que investiga las presuntas adjudicaciones irregulares a la empresa Waiter Music por diferentes eventos en fiestas patronales de varias localidades. Todavía queda por determinar fecha para la vista.

En ese auto, que llega un año después del procesamiento de los implicados, García Castellón sienta en el banquillo de los acusados al ex secretario general del PP de Madrid y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados, a los también exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno y a la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera.

También manda a juicio al exsenador del PP David Erguido, los exalcaldes de Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz, y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada, la ex directora general de la empresa pública Arpegio Carmen Plata; los ex jefes de Gabinete de Valdemoro María del Carmen Benito y Alfredo Ovejero; y los exconcejales Rafael Marín (Ciempozuelos), Ricardo Godino (Moraleja de Enmedio) y Lorenzo del Triunfo (Algete).

La Fiscalía reclama penas de entre 2 y 6 años de cárcel

Todos están acusados de los delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. En relación a las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, el Ministerio Público pide por ejemplo una condena de 6 años de cárcel y 46 de inhabilitación para Granados, 4 años y 10 meses de cárcel más 38 de inhabilitación para José Carlos Boza y 2 años y 8 meses de cárcel y 19 de inhabilitación para José Miguel Moreno, en lo que respecta a los exalcaldes valdemoreños, cuyo Ayuntamiento se persona como acusación particular con idénticas peticiones de condena.

Además, García Castellón acuerda 'fijar prudencialmente' como responsabilidad civil las cantidades de 300.000 euros para Granados y de 50.000 euros para los otros trece encausados. Ordena asimismo 'realizar una investigación de la capacidad económica de los acusados, a los efectos de la posible multa interesada y/o de laindemnización solicitada, en su caso'.

Se trata de una de las piezas separadas de la Púnica, en concreto la número 7, diferente por ejemplo de la que investiga otras adjudicaciones presuntamente ilegales como las de Cofely y por la que el juez también envía a juicio a varios implicados, entre ellos los exalcaldes de Parla, Torrejón de Velasco o Valdemoro, entre otros.

La Comunidad de Madrid pide 7 años de prisión para Granados

Por su parte, la Comunidad de Madrid, personada en calidad de perjudicada, reclama para Granados una condena a 7 años de cárcel, 28 de inhabilitación y una multa de 364.200 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos. La CAM solo formula acusación contra otra persona más: Carmen Plata Esteban. Para ella, pide 4 años de cárcel y 16 años de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.

El Ejecutivo de Móstoles pide para los exediles Esteban Parro y Daniel Ortiz 14 años de cárcel y 37 de inhabilitación por falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y fraude en la contratación.

No incluye al PP como partícipe a título lucrativo

A ellos se suma la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), bajo cuya coordinación actúa el PSOE, que solicita que Granados sea condenado a 38 años de cárcel y una multa que asciende a los 15,5 millones de euros por los contratos con Waiter Music.

Además, el PSOE pedía incluir al PP como partícipe a título lucrativo, algo que García Castellón rechaza por su 'extemporaneidad'. Y es que, razona, 'estas pretensiones de responsabilidad civil se introducen 'ex novo' por la acusación popular', dado que hasta ahora no lo había planteado.

De acceder a ello, explica el magistrado, podría ser necesario realizar nuevas indagaciones o requerir nuevos datos, lo que supondría retrotraer el procedimiento 'en un momento procesal en el que ello resulta imposible'.

Afea asimismo que 'la petición de responsabilidad directa y solidaria se realiza sin concretar la cuantía ni los hechos o acciones concretas de los que emana', 'limitándose a una genérica pretensión nacida de su 'intervención''.

Verbenas y festejos varios

En su auto de procesamiento, dictado hace casi un año, García Castellón describía una dinámica de presunta adjudicación irregular de contratos públicos a Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para la organización de verbenas y festejos populares en cinco Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como son Valdemoro --donde Granados fue alcalde-- Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.

En muchos casos, según el relato judicial, tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados a Waiter o a empresas controladas directa o indirectamente por Huerta.

Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, 'proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados'.

Huerta habría realizado dichos encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos.

El instructor destacaba el 'Night of the proms', un evento que se viene organizando en distintos países europeos y del que se encaprichó el ex dirigente madrileño. Se destinaron 225.000 euros de subvención pública y 80.000 euros que provenían de Arpegio. El empresario aseguró al juez que perdió 75.000 euros en esta operación.