El juzgado da por concluida la instrucción del 'Caso Eólicas' y eleva el caso a la Audiencia para juicio

Valladolid

El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha dado por concluida la instrucción del conocido como 'Caso Eólicas' y ha elevado la causa a la Audiencia Provincial, órgano competente para celebrar el juicio. En un providencia, que ya ha sido notificada a las partes, el magistrado acuerda remitir la causa "compuesta de 11.057 folios, conforme a lo previsto en el artículo 784.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Audiencia Provincial junto con, en su caso, las piezas separadas correspondientes, quedando a disposición del órgano judicial al que le corresponda el conocimiento de esta causa, si los hubiere, los efectos, los objetos intervenidos y las cantidades consignadas y/u ocupadas", según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

En noviembre de 2021, el instructor decretó la apertura de juicio oral contra los 16 acusados, cuyas peticiones de penas suman 138 años de cárcel y 848 millones de euros de multas. En aquel auto, que recogía todos los escritos de acusación, el magistrado también les dio diez días a los investigados para depositar las fianzas para cubrir esos más de 848 millones de multa en la parte que les correspondía a cada uno de ellos, tal y como pedía la Fiscalía Anticorrupción, a lo que se sumaba la Abogacía del Estado.

La Junta, responsable civil subsidiaria

El escrito, como solicitaba la Fiscalía, también señalaba a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiaria de aquellas indemnizaciones exigidas al ex viceconsejero y secretario general de Economía, Rafael Delgado, siempre que este no las satisfaga. En concreto, de algo más de 24,1 millones de euros, de los cuales 11,2 millones serán solidariamente con Iberdrola Renovables de Castilla y León, 7,84 millones de euros solidariamente con Sinae Inversiones Eólicas y cinco millones más, también solidariamente, con Parque Eólica la Boga.

La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es la solicitada para Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, ya fallecido.

Le siguen los empresarios Alberto Esgueva, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.

En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel de solicitud de pena, como es el caso de Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de multa; Rafael Icaza, de Ibercyl, también con idéntica petición de multa; Francisco Esgueva, al que se piden 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa y a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones.

Además, Fiscalía Anticorrupción interesa cuatros años de cárcel y 721.000 euros de multa para el empresario Marc Nodelar, de Solar Land Word SL, e idéntica pena privativa de libertad y 215.000 euros para María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva, mientras que para Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, se solicitan diez años de inhabilitación.

El origen

La supuesta 'trama eólica' tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables, y particularmente el eólico, era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos.

De este empeño se encargó el principal investigado, el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, junto con el fallecido Tomás Villanueva, que desempeñaba el cargo de consejero de Economía, y en plan ideado junto con Ricardo Bravo, responsable de una filial de Iberdrola.

Exigir la participación local

El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40 por ciento. El paso siguiente era seleccionar y favorecer a empresas pertenecientes a personas con las que tenían una especial relación, como Alberto y Francisco Esgueva, Andrés Martín de Paz, Germán José Martín Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.

Con el fin de lograr su propósito, Rafael Delgado, siempre según el auto del instructor, indicó al director General de Energía y Minas, Manuel Ordóñez, que elaborara una instrucción para que, a partir de la misma, las resoluciones de autorización administrativa del anteproyecto de la instalación no fueran dictadas por los respectivos jefes de los servicios territoriales a quienes correspondía legalmente y le fuera conferida a él la potestad de otorgarlas.

Hasta que no estaba garantizada la participación no se autorizaban los parques eólicos. Y para justificar esta paralización, Rafael Delgado decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo denominada 'competencia por evacuación' que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local, y es a partir de ahí donde el auto detalla todo aquellos empresarios a los que Delgado benefició con la autorización de las tramitaciones.

Entre los más beneficiados figura el empresario Alberto Esgueva, quien a raíz de un convenio suscrito en 2004 entre San Cayetano Wind SL. e Iberdrola que le reportó nada menos que 47 millones de euros, y ello a cambio solo de una mínima inversión de 24.000 euros tras vender a la eléctrica su participación en Energía Global Castellana.

Hace ya casi tres años, Instrucción 4 abrió una investigación sobre supuestas 'mordidas' por importe de más de 80 millones de euros por parte de altos y ex altos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos en la Comunidad en el periodo 2000-2015.

En esas pesquisas llegó a figurar investigada una veintena de personas, entre ex altos cargos de la Junta, técnicos y empresarios, por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización o grupo criminal