La prestación a residentes dependientes crecerá un 10,5% en Castilla y León

Burgos

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado hoy una subida de más del 10 % en la prestación vinculada al servicio que es la que reciben las personas dependientes para pagar la residencia en la que viven. En concreto, las cuantías máximas se incrementan un 10,5 % de media, de manera que la prestación máxima de una persona con grado III alcanza los 1.065 euros, frente a los 715 euros que establece el Estado.

Isabel Blanco ha explicado que esta subida “va a llegar a más de 52.000 beneficiarios de la prestación vinculada y de asistencia personal y conlleva un incremento del gasto de 17,2 millones de euros”, y ha recordado que, en 2022, “la Junta de Castilla y León destinó más de 146 millones de euros en prestaciones vinculadas a servicios y asistente personal”.

La responsable del departamento de Familia e Igualdad de Oportunidades ha hecho este anuncio durante la firma de un protocolo de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales y la Asociación Castellana y Leonesa de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores -sector solidario- (Lares) y la Asociación de Residencias de Tercera Edad en Castilla y León (Acalerte) para desarrollar el nuevo modelo residencial de atención integral centrada en la persona que se está implantando en la Comunidad.

Lares y Acalerte agrupan de forma mayoritaria a las entidades titulares de las residencias de personas mayores en Castilla y León y con ambas la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mantiene una estrecha colaboración para la mejora de la atención y asistencia que se presta a las personas mayores en residencias y centros de día, plasmada en diversos protocolos y convenios.

Tras la firma, el responsable de Lares en Castilla y León, Jorge Sainz, ha explicado que es necesario aumentar la financiación de los centros para garantizar la mejora de las prestaciones a los residentes. El protocolo recoge un Plan de Formación específica y capacitación práctica en el nuevo modelo de atención centrado en la persona para todos los profesionales implicados, desde los que atienden a los mayores hasta los gerentes y directores de los centros de Lares y Acalerte y de la Gerencia de Servicios Sociales.

“Ya se ha formado a casi 1.500 profesionales -715 de atención directa y 709 directores y técnicos- y gracias a este acuerdo, que tiene una duración de cuatro años, continuará este plan para la formación y capacitación de los profesionales en el nuevo modelo de atención centrada en la persona”, ha explicado la consejera. En concreto, durante 2023 se retomará la formación para el personal de atención directa de los centros y se impartirán un total de 45 cursos de forma presencial, 18 cursos en centros pertenecientes a Lares, dos en cada provincia, y 27 cursos en centros de Acalerte, tres en cada provincia.

Se trata de formar a los profesionales en los cambios ambientales y estructurales de los centros residenciales con la creación de unidades de convivencia que replican el tamaño y el ambiente del hogar familiar, de manera que el centro residencial sea una continuidad del hogar y de la vida cotidiana de las personas. Como ejemplo de esta formación especializada, la consejera ha destacado la eliminación de las sujeciones, tanto físicas como químicas, para que se sustituya por otros métodos.

En la primera convocatoria para esta materia se han inscrito 409 de las 685 residencias operativas en Castilla y León. Además, el protocolo firmado hoy contempla la colaboración en la reubicación temporal de las personas en situación de dependencia derivada de procesos de cierres de centros y otros motivos de fuerza mayor, por un periodo no superior a tres meses, con el fin de realizar su reubicación definitiva al mismo o a otro centro pactada con la persona y su entorno familiar.

Este proceso de información, orientación y reubicación definitiva estará coordinado por la Gerencia provincial de Servicios Sociales correspondiente, con la colaboración de los representantes provinciales de Lares y Acalerte y la dirección de los centros que hayan acogido a los usuarios de forma temporal.

Por otra parte, el convenio prevé la colaboración para la detección y atención de personas en situación de soledad mediante la participación de los centros multiservicios como puntos de encuentro o participantes de la ‘Red Amiga’ recogida en el Plan de acción de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social.

¿Competencias impropias?

La consejera de Familia asegura que las residencias de las entidades locales, diputaciones y ayuntamientos, “no son competencias impropias, son propias”. “Algunos tienen centros residenciales igual que tienen otros centros, como albergues o centros de día, luego no son competencias impropias, sino delegadas”. La consejera ha asegurado desde la Junta de Castilla y León se ha hecho una inversión muy fuerte tanto para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para modernizar estas instalaciones y adaptarlas al nuevo modelo de prestación asistencial.

En el caso de la Diputación de Burgos, sus cinco centros de mayores generan anualmente unos gastos superiores a los 23 millones de euros, de los que solo 8 son abonados por los residentes, por lo que la corporación provincial, gobernada por PP y Ciudadanos lleva años pidiendo que la diferencia sea asumida progresivamente por el gobierno autonómico. La Junta de Castilla y León viene a aportar en torno a un millón de euros, frente a los quince millones que aporta la Diputación provincial.