Valladolid permitirá el acceso a la zona de bajas emisiones hasta 2030 a los vehículos de personas con pocos recursos

El Ayuntamiento de Valladolid flexibiliza hasta 2030 el acceso a la Zona de Bajas Emisiones, que entrará en vigor en el último trimestre del próximo año, la novedad llega con la inclusión en las excepciones a los propietarios de vehículos con escasos recursos. Además, se informará a la población y se probará el sistema de esta área de circulación restringida durante 2023, por lo que las sanciones no llegarán hasta 2024. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, presentaron hoy el proyecto de la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones, que se aprobará mañana en la Junta de Gobierno; el 2 de diciembre en la Comisión de Urbanismo, y de forma inicial en el pleno del 13 de diciembre. Posteriormente, habrá un plazo de 30 días de exposición pública para formular alegaciones antes de su aprobación definitiva, si bien se prevé una revisión anual. Las sanciones se recogen con carácter general en la ordenanza, que consta de 18 artículos para facilitar su conocimiento y evitar la desinformación. No obstante, las cuantías dependerán del régimen que establezca la Dirección General de Tráfico (DGT). En términos generales, las exenciones temporales, para accesos puntuales al centro y previstas hasta 2030, cuando se completará el proceso de implantación del modelo de implantación de la Zona de Bajas Emisiones, se canalizarán a través de una aplicación informática. Ese es el caso para por ejemplo acceder a los aparcamientos privados (hoteles), públicos o para acudir a una cita médica u otra cuestión de urgencia prevista en la normativa. Como novedad, hasta 2030, los vehículos de personas con ingresos anuales inferiores a 1,3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual (10.900 euros en 2023), incrementados en el caso de unidad familiar o de convivencia, en un porcentaje por cada miembro adicional (20 por ciento por el primer miembro adicional, diez por ciento por el segundo y cinco por ciento por el tercero y siguientes), hasta el límite máximo del 2,1 del IPREM anual, por unidad familiar), lo que supone 17.640 euros, incluyendo un sólo vehículo. La Zona de Bajas Emisiones, en su diseño, está prevista para que en ella circulen, sin limitación temporal y con independencia del etiquetado, todos los vehículos de vecinos empadronados en el área delimitada y las personas con plazas de garaje -en propiedad o alquiler- ubicadas en las calles afectadas, así como los de mudanza, servicios funerarios o los destinados al transporte de fondos o gestión del efectivo y las grúas de rescate de vehículos y aquellos pertenecientes a talleres y al auxilio en carretera. Además, comprende las bicicletas, otros ciclos y los vehículos de movilidad urbana (VMU), los vehículos con distintivo ambiental de categoría Cero Emisiones o ECO, los de uso compartido y multiusuario, ?y los destinados al traslado de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.? Además, siempre podrán transitar por esta área los vehículos que acrediten su pertenencia a los servicios públicos esenciales -ambulancias, policía, bomberos o servicios de limpieza-. En la primera fase, desde el último trimestre de 2023 y 2025, podrán acceder a la zona regulada todos los vehículos excepto aquellos que no cuenten con ningún tipo de etiqueta, que no será necesaria que esté visible, porque las 41 cámaras previstas serán las que lean las matrículas y hagan la comprobación. La prohibición general de circulación por esta área será para los vehículos diésel anteriores a 2006 y los de gasolina anteriores al año 2000. Entre 2025 y 2030, podrán entrar todos excepto los que no tengan la etiqueta o tenga la ‘B’ (gasolina Euro 3 y diésel Euro 4 y 5), es decir, vehículos diésel anteriores a 2014 y gasolina anteriores a 2006. A partir de 2030, solo podrán transitar por la Zona de Bajas Emisiones los que tengan etiqueta Cero Emisiones o ECO, además de los que se encuentren exentos, de acuerdo a la ordenanza. De esta forma, hasta 2030, con un plazo de adaptación de siete años, el Ayuntamiento de Valladolid facilitará el acceso a la Zona de Bajas Emisiones a los servicios de urgencias en vía pública -agua, gas o electricidad- que tengan que realizar trabajos, los taxis, el transporte público colectivo o buses turísticos, los vehículos de carga y descarga o distribución de mercancías, vehículos de empresas, además de aquellos pertenecientes a personas con baja renta. Esta última exención, según explicó María Sánchez, se incorpora tras revisar una sentencia en Barcelona que pedía al Ayuntamiento que tuviera en cuenta la capacidad económica de los propietarios de vehículos. Además, indicó que sigue el modelo de gratuidad o bonificación que aplica la empresa pública Nevasa para los servicios funerarios. El texto normativo, según explicó María Sánchez, recoge una serie de exenciones, tras un proceso de “escucha” a colectivos, entidades, asociaciones empresariales y otros colectivos, además de las que “beben” de las promovidas en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En general, cuando pase el tiempo, se mostró segura de que la ciudadanía se preguntará cómo no se había hecho “antes”. En cuanto a los acceso temporales o puntuales, que se gestionarán a través de una solicitud en una aplicación informática, se estipulan las previstas para acudir a un taller de la zona, para los parkings públicos y privados, que en el caso de los hoteles, tendrán que gestionar ellos la reserva para sus clientes. También comprende el accesos a hospitales, citas médicas o clínicas veterinarias o los vehículos que participen en la organización de actos en la vía pública. El perímetro de la Zona de Bajas Emisiones, según el Plan de Mejora de la Calidad del Aire, es el conformado por las vías Puente Mayor, calle Juana de Castilla, Arzobispo José Delicado, paseo del Hospital Militar, paseo del Arco de Ladrillo, calle Santa Fe, paseo Farnesio, avenida de Segovia, túnel de labradores, calle de la Vía, calle Unión, calle Nicasio Pérez, plaza de San Juan, calle Huelgas, calle Real De Burgos, Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, plaza de San Nicolás, y puente Mayor. Se estima que esta delimitación, de 3,1 kilómetros cuadrados, permitiría obtener una reducción de los gases contaminantes de efecto invernadero de entre el 26 y el 78 por ciento, aproximadamente en la propia zona, en función del nivel de restricción. Y una reducción de entre el dos y el cinco por ciento para toda la ciudad, con especial incidencia en el óxido de nitrógeno y las partículas en suspensión. Esta medida se ajusta a la exigencia legal La Ley 7/2021, de 20 de mayo, establece en su artículo 14 que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, deberán adoptar, antes de 2023,, el establecimiento de zonas de bajas emisiones.