SACYL indemniza con 180.000 euros a una paciente tras la amputación de un brazo por mala praxis

Valladolid

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha emitido una Orden por que resuelve la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los Servicios Jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente, en representación de una paciente por la "defectuosa asistencia" que le fue prestada en el Hospital Río H

Cuando sucedieron los hechos, la mujer tenía 53 años y estaba incapacitada legalmente por trastorno psicótico y un nivel intelectual límite. Sufrió el 4 de enero de ese año y fue trasladada al servicio de Urgencias, donde se le diagnosticó de una fractura en el húmero del brazo derecho, con "angulación de fragmentos". La extremidad fue inmovlizada con una férula y se le pautaron antinflamatorios y analgésicos.

En las revisiones posteriores se constató que no había consolidación de la fractura. El Servicio de Traumatología, pasados tres meses, planteó la posibilidad de una futura cirugía. En abril de 2018, a la espera de una decisión sobre esa posible cirugía, la paciente acudió a urgencias por mal olor en el brazo y supuración. Tras ser sometida a pruebas de rayos, se detectó una infección de la fractura. Al día siguiente fue programada una cirugía para limpiar la infección con la colocación de un "fijador externo" para resolver la fractura. Sin embargo, pasado un mes, persistió la lesión, por lo que se realizó una nueva intervención el 11 de junio. En la revisión posterior a se confirmó una fractura desplazada y sin solución de continuidad en sus fragmentos, por lo que se acordó una tercera operación para el 18 de ese mes.

Hasta octubre de 2018, la paciente realizó tratamiento de rehabilitación. En noviembre, Traumatología confirmó que existía movilización del material de osteosíntesis de la última cirugía, secundaria a infección del material. Con el diagnóstico de pseudoartrosis infectada, se decidió nuevamente retirar el material, tratar el foco de infección y, de acuerdo a la evolución, intentar una cirugía de reconstrucción. Tras retirar la escayola en enero de 2019 persistió la pseudoartrosis y la ausencia de unión de los huesos. Se propuso entonces una nueva cirugía de alargamiento con clavo intramedular y fijador externo. La paciente fue incluida en la lista de espera quirúrgica.

El día 14 de marzo acudió a urgencias por la supuración de la herida del hombro. En esa visita, se le diagnosticó de fístula en cara anterior del húmero, importante desplazamiento y angulación de fragmentos de hueso. Se pautó tratamiento antibiótico e inmovilización. Dos meses más tarde, volvió a aparecer supuración en hombro. Ante el fracaso de los tratamientos aplicados, se decidió la amputación del brazo por infección persistente que se llevó a cabo el 12 de junio.

De acuerdo a la información facilitada por la asociación y sus servicios jurídicos, una vez formulada la reclamación frente a la Consejería de Sanidad, la Inspección Médica indicó que en las revisiones iniciales tras el diagnóstico inicial ya se tenía que haber planteado el tratamiento quirúrgico, con la confirmación radiológica de angulación y separación de fragmentos óseos. Y se apunta que l tratamiento pautado "sólo cabe plantearse con pacientes colaboradores que no impidan la buena evolución del mismo". Y en este caso, debido a su trastorno mental, "no era la paciente idónea en absoluto" para este tipo de tratamiento.

A pesar de su estado, la paciente vivía en un piso tutelado y sólo precisaba de supervisión para algunas tareas. Actualmente, está interna en una residencia al ser totalmente dependiente incluso para actividades básicas de la vida diaria, desde el aseo a vestirse), La presidente de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, considera que a pesar de la "desgracia" que supone para la afectada y su familia, "al menos", con esta resolución, "tendrá mayor facilidad para acceder a todo tipo de ayudas que ahora precisa”.