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Consumo

Las compañías de telefonía y las eléctricas acaparan el 80% de las reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo

El órgano de defensa extrajudicial de los consumidores de Burgos ha merecido la mayor subvención del Ministerio de Consumo en toda España por el volumen de expedientes resueltos

Omic / Radio Castilla

Burgos

La Junta Arbitral de Consumo de Burgos constata que cerca del 80% de los conflictos en los que median son reclamaciones contra empresas de telefonía y energéticas. Así lo ha confirmado la presidenta de la Junta Arbitral, Mª Jesús Jabato, quien destaca que de las 525 resoluciones emitidas en 2021, casi el 70% fueron a favor del consumidor y en más del 15% se logró una conciliación amistosa. En el otro 15% se desestimó la denuncia.

Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos entre particulares, empresas o profesionales, ha vuelto a ser reconocido en el caso de Burgos como referente a nivel nacional, con la concesión de la mayor subvención entre 33 juntas arbitrales de toda España, con más de 100.000 euros por parte del Ministerio de Consumo.

Una aportación que se concede por el número de laudos emitidos o expedientes resueltos de forma vinculante para las partes, un 22% más en Burgos que la segunda mejor considerada que es la junta arbitral madrileña.

La concejala de Consumo, Lola Ovejero, anima a profesionales y empresas a sumarse a este servicio gratuito de protección de derechos que presta el Ayuntamiento de Burgos, que ya cuenta con 3.274 negocios adheridos.

La Junta Arbitral de Consumo de Burgos, que lleva 28 años de andadura, alcanza una agilidad de entre 1 y 2 meses en la resolución de los asuntos, donde la cuantía media que se reclama es de 515 euros.

La concejala ha tenido un recuerdo para el impulsor de este sistema, el ex director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Luis Morcillo. La plaza de director de la OMIC sigue vacante tras la jubilación de Luis Morcillo y se tramita la convocatoria de la plaza dentro de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ayuntamiento.

Lola Ovejero recuerda también que desde hace 20 años lleva reclamando a la Junta de Castilla y León una colaboración económica en materia de consumo, porque también es competencia autonómica, sin resultado positivo por el momento.

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