¿Constitucionalista o monárquicos?

Albacete

En plena refriega política por la investidura, hemos asistido con cierta expectación al juramento de la Constitución por la princesa de Asturias. Según los últimos sondeos fiables, más del 40% de los españoles se declaran republicanos frente a poco más de un 30% que se inclina por la monarquía. Los datos confirman el progresivo desapego al trono, sobre todo, después de la crisis que la institución experimentó en 2014 con la abdicación de Juan Carlos I, envuelto en una cruda polémica que su salida del país no ha terminado de sofocar y que el actual rey tiene que capear con un indudable desgaste.

La institución, tan necesitada de crédito, se ha querido arropar con augurios prometedores y solicitud de confianza. El futuro es incierto, aunque bien nos vendría como nación que la corona pudiera garantizar estabilidad y credibilidad. Ya no somos un país de monárquicos, pero sí parece que sea la Constitución el principal símbolo de nuestra democracia, aunque una mayoría de españoles confiesa no conocerla bien.

Dos cuestiones convendría revisar a propósito de la Carta Magna y su tratamiento de la corona. La primera tiene que ver con el vínculo militar que el artículo 62 establece al otorgarle “el mando supremo de las Fuerzas Armadas”, elemento que en 1978 era consecuencia del origen político de Juan Carlos, pero hoy no deja de sorprender. El emérito juró los principios del Movimiento franquista en 1969 y fue el principal nexo entre la dictadura y la democracia. Además, de todos es conocida su estrecha relación con unos militares que habían sido hasta el final apoyo inquebrantable del dictador y que ejercieron una férrea vigilancia sobre el proceso transicional, como tuvimos oportunidad de comprobar en febrero de 1981. Relacionado con este punto cabría también reflexionar sobre la pertinencia o necesidad de dar formación militar a la princesa (se me ocurren algunas alternativas como mínimo igual de oportunas), y la todavía sobresaliente presencia del ejército en fechas tan icónicas como la fiesta nacional, que seguimos vinculando con un desfile en el cual son el único protagonista. Para la ocasión, tal vez sea ya el momento de buscar otras opciones que sirvan para reconocer la pluralidad y diversidad de una sociedad que podría homenajear otras profesiones muy válidas y necesarias al servicio de la sociedad civil.

La segunda cuestión tiene que ver con el protocolo establecido: el juramento frente a la promesa, que también sorprende si tenemos en cuenta la naturaleza aconfesional del Estado. Al menos nos queda el consuelo de ver a la heredera en las Cortes vestida de civil y sin crucifijos, porque por encima de su condición de creyente prevalece la de ciudadana.

Por lo demás, para quienes consideramos que la monarquía es hoy una institución periclitada que se compadece mal con principios básicos como la igualdad de derechos no se trata de ejercer una oposición beligerante a su existencia, porque ya se encargan algunos de los que teóricamente más dicen defenderla de dejarla en mal lugar. El conocimiento de nuestra Transición obliga a desmentir a quienes se empeñan en forzar el relato para construir una versión según la cual Juan Carlos I nos habría dado a los españoles, a nuestras cortes concretamente, “todas las atribuciones que tiene ahora”, Carlos Espinosa de los Monteros dixit, como si la democracia hubiera sido algo concedido graciosamente por su majestad, ante lo cual el pueblo hubiera sido un mero espectador. Según esta teoría nada habrían influido los movimientos sociales en la recuperación de las libertades democráticas, porque en realidad todo habría sido un ejercicio de ingeniería política llevado a cabo por elites procedentes del franquismo que voluntariamente renunciaron a sus privilegios. En todo caso, la contribución del monarca durante la Transición no justifica para nada los abusos y excesos que se han conocido después y que han servido para que muchos españoles adjuraran del 'juancarlismo' y empezaran a ver nuestra historia reciente con una visión crítica y alejada de la hagiografía monárquica.

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