Sobre la cita previa en la administración

Albacete

Estas navidades quería irme de vacaciones al extranjero. Aunque faltaban más tres semanas para mi viaje no pude hacerlo porque tenía mi pasaporte caducado y me resultó imposible conseguir cita para su renovación ante la Dirección General de Policía.

Ayer, día 31 de enero, lo volví a intentar y me ha costado, no crean. Tras una laberíntica labor, por fin, he podido acceder a una pantalla donde aparecía con letras rojas la deseada “cita rápida”. Para mi sorpresa, esto de la cita rápida era un eufemismo, pues tendré que esperar 6 semanas, hasta el 9 de marzo, para hacer el trámite.

Alertada por las consecuencias prácticas que este sistema de citas previas obligatorias tiene para el ciudadano me he animado a experimentar y, ya puesta, he aprovechado para realizar varios trámites que tenía pendientes.

He intentado coger cita en la Dirección General de Tráfico para realizar una gestión presencial. Me han dado cita para dentro de 16 días. Solo te atienden directamente si tienes más de 65 años, aunque el sistema te advierte de que en ese caso, el trámite solo puede ser para el interesado y no se puede usar esta vía para realizar trámite en nombre de otras personas. Es decir, de un plumazo, el sistema nos niega el derecho de representación que consagra el art. 5 de nuestra ley de procedimiento administrativo común, que permite que cualquier persona pueda realizar directamente trámites en la Administración en nombre de otra.

Después he pedido otra cita ante la Seguridad Social para gestionar la solicitud del ingreso mínimo vital para una amiga. La primera cita disponible para la oficina de la Avenida de España era para el día 21 de marzo.

La cita previa obligatoria pudo tener algún sentido en el momento inicial del caos que supuso la pandemia, pues se trataba de evitar las aglomeraciones y de salvar la vida de las personas.  Hoy en día, y pasada ya esta situación, ni tiene sentido ni cobertura legal. Por ello, sorprende la  generalización que se está produciendo de este sistema. En rigor, solo debería tener sentido cuando se preste un servicio muy específico que requiera una especial atención a la persona, pero no en los registros administrativos ni en la generalidad de las Administraciones públicas.

La cita previa se ha convertido en un trámite más que no está previsto expresamente en las normas que regulan los procedimientos administrativos.  Provoca un deterioro de los servicios públicos que solo encuentra explicación en una mala gestión y planificación por parte de los responsables y de los directivos públicos que la implantan.

Parece generar una falta de empatía de la Administración frente a las necesidades de la ciudadanía y esto no lo tolera nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra Constitución ha diseñado la Administración como una institución que está al servicio de los ciudadanos, que  satisface el interés general y que actúa sometida al principio de eficacia (art. 103 CE). Pero ¿cómo puede ser eficaz una Administración si el ciudadano tiene dificultades para acceder a ella cuando lo necesita?

El sistema retrasa el ejercicio de derechos y aleja gravemente al ciudadano de la Administración. Supone un desconocimiento de los principios enumerados en el art. 3 de la Ley de régimen jurídico del sector público, que obliga a la Administración a racionalizar y agilizar los procedimientos y las actividades materiales de gestión y, sobre todo, a respetar en su actuación el principio de proximidad a los ciudadanos.

En fin, la pandemia ya no puede justificar que se cambien los métodos de trabajo en la Administración. Es posible que exista una falta de funcionarios en muchas Administraciones, pero la solución no puede ser la cita previa obligatoria, sino una adecuada planificación del servicio y un redimensionamiento de las plantillas de personal. No hacerlo así seguirá suponiendo la  desesperación de muchos ciudadanos ante las puertas de las oficinas públicas.