Abaratar la malversación: una decisión arriesgada y a contracorriente

Albacete

Estamos inmersos en un insólito proceso de reforma exprés del Código Penal pensado solo para el caso del independentismo catalán. Así lo ha reconocido expresamente y sin tapujos el Gobierno. Entre otras polémicas medidas se reforma el delito de malversación para rebajar sustancialmente sus penas.

Como dice nuestro presidente, García-Page, “no es tolerable pactar con delincuentes su propia condena”.

Y tiene razón. Es peligroso que en un Estado de Derecho se hagan leyes penales pensadas para casos particulares y de esta forma tan peculiar, sin apenas debate social ni político, a través de enmiendas presentadas a una proposición de ley y que se pactan a puerta cerrada en un despacho. Si el Gobierno hubiera presentado un proyecto de ley se hubiera visto obligado a seguir el escrupuloso procedimiento garantista que establece la ley que, entre otras cosas, exige abrir un período de consulta previa para que pueda opinar toda la población, explicar los motivos y la oportunidad de la reforma y recabar los preceptivos informes jurídicos. Pero no lo ha hecho así.

La reforma no es una cuestión menor. La malversación es un delito contra la Administración pública que sanciona al funcionario y al político que se apropia de forma indebida del dinero público. Protege bienes jurídicos muy importantes: el patrimonio público, la integridad del político y la confianza de los ciudadanos en la honesta gestión del dinero que proviene del bolsillo de todos los españoles. Por ello, las penas son las mismas para todas las personas que utilicen dinero público de forma desleal, independientemente de si lo utilizan para fines particulares o no. Está claro que el dinero que se malversa para pagar un referéndum ilegal o para enriquecer al político se detrae del dinero dedicado a la educación, a la sanidad o a otro interés público. En esto consiste, o consistía hasta ahora, el daño causado a la sociedad. En consonancia con la gravedad del delito se establece también la gravedad de la pena.

Con la reforma exprés de este delito se altera por completo este esquema y el carácter disuasorio de las penas. Se utiliza el pretexto de la existencia o no de ánimo de lucro para rebajar de forma notable las penas porque los independentistas no se lucraron personalmente. Pero lo pensado para un caso particular tiene un claro significado jurídico y social. Penas más leves simbolizan que desistimos de combatir con firmeza la corrupción. Al rebajarlas mandamos a la sociedad el mensaje de que el pillaje de fondos públicos no es tan grave dependiendo para qué se utilice y, en consecuencia, no pasa nada por rebajar el reproche social y jurídico que merecen estas conductas.

Por mal camino vamos. Nadamos a contracorriente. A mí me hubiera gustado que se reformara el delito, pero en un sentido contrario, para extender sus supuestos. Siempre he creído que al político habría que exigirle, no solo que no malverse, sino también que no despilfarre el dinero público.

En fin, la medida solo beneficia a malversadores y corruptos. En principio, a todos los implicados en el 'procés', pero es previsible que afecte a otros muchos. Parece que pronto se nos ha olvidado el escándalo que la rebaja de penas ha provocado la reforma de la ley del solo sí es sí. Al ser las nuevas penas más favorables para el reo no quedará otro remedio que aplicarlas retroactivamente a malversadores que ya están cumpliendo condena o a punto de entrar en prisión. Es un principio constitucional que no puede esquivar el legislador. Por eso, cuesta pensar que esto lo hagan precisamente los dos partidos políticos que han enarbolado la bandera de la lucha contra la corrupción y de la regeneración democrática e institucional para acceder al poder.