Declaran los siete exconcejales de Tarancón acusados en el juicio de Tainsa

Cuenca

Los siete exconcejales del Ayuntamiento de Tarancón acusados de un presunto delito contra la Hacienda Pública en 2009, cuando formaban parte del Consejo de Administración de la mercantil Tarancón Industrial S.A. (TAINSA), han declarado este lunes en la primera de las dos sesiones de la vista oral que se celebran en el Juzgado de lo Penal número 2 de Cuenca.

La acusación, que pide tres años de prisión para cada uno de los encausados y una multa de 1,7 millones de euros, sostiene que en la urbanización del polígono Senda de los Pastores Tainsa hizo una incorrecta distribución de las cargas, y no repercutió a la empresa Quinarius el IVA de los trabajos de urbanización, que está cifrado en 893.000 euros.

En este sentido, la Fiscalía ha insistido en que se “regalaron” a dicha empresa más de 5,5 millones de euros, que acabó sufragando el Ayuntamiento de Tarancón a través de la empresa Tainsa.

El exalcalde de Tarancón y expresidente de Tainsa, Raúl Amores, ha defendido que Quinarius realizó una aportación de más de medio millón de metros cuadrados de suelo industrial y que “ni el Ayuntamiento ni Tainsa tuvieron que poner dinero”.

Desde las distintas defensas han hecho hincapié en que no ha existido delito tributario porque todos los trámites que se hicieron para la urbanización del polígono estaban avalados por los técnicos municipales, sin ningún reparo, o por la Comisión Provincial de Urbanismo, y se cumplían las condiciones legales impuestas en el Plan de Actuación Urbanizadora.

Así lo ha corroborado uno de los testigos presentados por la defensa, una catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha, que considera que la actuación llevada a cabo por Tainsa es lo que en la Ley del IVA se denomina “autoconsumo” y “no da pie al hecho imponible”.

Asimismo, desde las defensas se ha insistido en que el informe de la Inspección de Hacienda de 2013 que ha motivado la acusación establece la fecha del pago del IVA en el segundo trimestre de 2009, sin una justificación clara, mientras que si se estableciera en la fecha señalada en el convenio, en 2006, cualquier presunto delito habría prescrito a fecha de la inspección.

En este sentido, la acusación apenas ha hecho preguntas a dos de los acusados, la actual delegada provincial de Igualdad Lourdes Luna y el exconcejal Luis Daniel López, que ni siquiera formaban parte del Consejo de Administración en la primera mitad de 2009, en lo que el abogado defensor de López ha calificado como una “retirada encubierta” de la acusación.

Ninguno de los acusados tiene antecedentes penales, pero según llevan con sus bienes embargados desde el año 2013.

La primera jornada del juicio ha concluido con las declaraciones de los acusados y los testigos y peritos, por lo que en la segunda jornada, señalada para este martes 29 de noviembre, las partes presentarán sus informes de conclusiones.