La renovación del Consejo General del Poder Judicial y los ciudadanos

Albacete

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. No ejerce la potestad jurisdiccional. Es decir, ni dicta sentencias ni las ejecuta porque esto corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales. Su función básica es la de garantizar, frente a todos, la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones.

Entonces, ¿por qué su conformación interesa tanto a nuestros partidos políticos? Principalmente por el importante papel que tiene asignado. Entre otras muchas funciones, le corresponde proponer el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Supremo y de dos de los doce Magistrados que componen el Tribunal Constitucional (art. 560 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Pues bien, la situación no deja de ser paradójica si tenemos en cuenta que nuestra Constitución creó esta potente institución (art. 122.2 CE) con la finalidad de evitar que otro de los poderes del Estado, concretamente el poder ejecutivo, pudiera influir directa o indirectamente sobre la independencia judicial.

Sin embargo, asistimos a una situación completamente insólita que no se había dado nunca en nuestra democracia, a un descarado intento de colonización de la institución por parte de los partidos políticos.

La polarización de la situación política actual y la incapacidad negociadora de los dos principales partidos políticos ha conducido a un bloqueo del Consejo. La situación no solo es insensata, sino que produce un gravísimo deterioro de la institución. Traslada a la población una imagen pésima de pobreza democrática, la idea misma de que las instituciones parecen más bien “un cortijo” propiedad del Gobierno de turno y del partido mayoritario de la oposición, que luchan por controlar el nombramiento de los vocales del Consejo como si de un botín de guerra se tratara. Cuando esto sucede es porque “alguna intención tendrán”.

Mientras tanto, los ciudadanos observan atónitos los fallidos intentos de negociación y las peregrinas excusas que se ponen. La última, la supuesta reforma del delito de sedición. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Acaso no habrá tiempo de discutir sobre la sedición en sede parlamentaria cuando llegue el momento?

La situación es de suma gravedad y tiene importantes efectos prácticos para los ciudadanos, pues puede poner en riesgo su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Una de las últimas reformas legales que se ha hecho del Consejo General del Poder Judicial impide que pueda cubrir las bajas que se registren en los altos tribunales cuando esté en funciones, como ahora sucede.

Hay al menos 78 nombramientos en la cúpula judicial que están pendientes de su renovación por parte del Consejo. Se habla ya del colapso de algunas Salas del Tribunal Supremo, con 17 vacantes, que en los próximos meses podrían aumentar a 20, y que supone más del 20% de su plantilla.

Especialmente grave es la situación de la Sala de lo Social, que resuelve reclamaciones laborales y que cuenta solo con 8 magistrados, en vez de los 13 que corresponderían, o de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Las jubilaciones y las bajas han dejado una mermada plantilla que debería contar con 33 Magistrados, pero que solo dispone de 24 para resolver los pleitos que los ciudadanos presentan contra la Administración y que tiene pendientes asuntos de gran relevancia política, como sucede, por ejemplo, con los recursos presentados por el PP, Cs y Vox contra los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el “procés” catalán.

En fin, este intento de captura del Consejo General del Poder Judicial por parte de los partidos políticos genera una enorme pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La idea misma de que hayamos normalizado la existencia de un sector conservador y de otro progresista es ya en sí un disparate jurídico.