El juez decano de Santander considera explicable la actuación judicial en el proceso del médico y el celador agredido

Santander

Esta semana el joven de 20 años detenido la semana pasada por la agresión a un médico y aun celador en el Centro de Salud de Los Castros, era puesto en libertad. Así lo determinaba la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander.

El auto ha sido dictado una semana después de que el juzgado que estaba de guardia cuando el supuesto agresor fue detenido, el número 4, ordenase su ingreso en prisión sin fianza.

La magistrada, eso sí, impone al procesado una orden de alejamiento de un kilómetro de la víctima y el centro médico, donde también trabaja el celador que presuntamente también fue agredido. También se le ha retirado el pasaporte y debe personarse en el juzgado dos días a la semana.

Ante la puesta en libertad del presunto agresor, el Colegio de Médicos de Cantabria ha recurrido el auto del Juzgado de Instrucción número 4 que ha considerado oportuno no mantener en prisión al joven con antecedentes que agredió brutalmente a un médico de familia en su lugar de trabajo.

El juez decano de Santander, Jaime Anta ha explicado en la Cadena Ser que a pesar de que parezca difícil de explicar que un juez acuerde prisión provisional para un acusado y días después otra jueza determine su puesta en libertad, es algo que ocurre y tiene explicación

Anta recuerda que los jueces tienen que resolver en función de las pruebas y alegaciones que se les presentan. Y añade que, en este caso, las pruebas y alegaciones presentadas son distintas ante ambos jueces. Ese motivo unido a la independencia de los jueces, que hace que tengan la capacidad de ponderar, es lo que hace que se puedan adoptar decisiones judiciales contradictorias.

Anta explica que lo primero que se debe de tener en cuenta a la hora de abordar lo ocurrido es que como el hecho ocurre en la guardia del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santander, este asunto le compete a este juzgado, pero cuando el presunto autor es detenido es el Juzgado de Instrucción Número 4 el que está de guarda.

La decisión de su titular es tomada teniendo en cuenta que el presunto agresor estuvo una semana en paradero desconocido y buscado por la Policía, con lo que se puede entender que hay riesgo de sustracción a la justicia, algo que no entiende así la titular del número 4, ya que el acusado se presenta de manera voluntaria y su abogado defiende que su defendido quiere colaborar con la justicia.

Anta señala que las decisiones judiciales no pueden estar justificadas por presiones mediáticas y, de hecho, se retiró la alarma social como requisito para decretar prisión provisional, por ser algo subjetivo. Considera que ambos jueces han resuelto sustrayéndose a la presión mediática. Aun así, entiende que es difícil de entender, “pero es normal y habitual que dos jueces no opinen lo mismo sobre un mismo caso”.